Crímenes de lesa humanidad de Israel sobre Palestina no cesan: Se intensifica el apartheid con grave riesgo a población civil

Sucesión de ataques mortales han puesto nuevamente la alarma en derechos humanos

Historial del Estado de Israel en crímenes de lesa humanidad sobre población palestina demuestra su desprecio por el derecho internacional

 “A la sombra del apartheid, las autoridades israelíes controlan prácticamente todos los aspectos de la vida del pueblo palestino y lo someten a opresión y discriminación a diario mediante la fragmentación territorial y la segregación legal”

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Las autoridades israelíes deben desmantelar el sistema de apartheid, causante de gran sufrimiento y derramamiento de sangre, ha manifestado ayer Amnistía Internacional.

Aviones de guerra israelíes bombardean el sur de Gaza.

Desde que la organización de Derechos Humanos lanzó una gran campaña contra el apartheid hace un año, las fuerzas israelíes han matado a casi 220 personas palestinas, 35 de ellas sólo en enero de 2023. Los homicidios ilegítimos contribuyen a mantener el sistema de apartheid de Israel y constituyen crímenes de lesa humanidad, al igual que otras violaciones graves y continuas de derechos humanos por parte de las autoridades israelíes, como son la detención administrativa y los traslados forzosos.

En los últimos días, una sucesión de ataques mortales ha subrayado la urgente necesidad de que se rindan cuentas. El 26 de enero, las fuerzas israelíes efectuaron una incursión en el campo de refugiados de Yenín y acabaron con la vida de 10 personas palestinas, entre ellas una mujer de 61 años. El 27 de enero, un palestino armado abrió fuego en Neve Ya’akov, asentamiento israelí ubicado en la Jerusalén Oriental ocupada, y mató a 7 civiles israelíes. En respuesta a este ataque, las autoridades israelíes han intensificado el castigo colectivo contra la población palestina a través de detenciones masivas generalizadas y amenazas de demoliciones punitivas de viviendas.

“Los devastadores sucesos de la semana pasada han sacado a relucir una vez más el mortífero coste asociado al sistema de apartheid. El hecho de que la comunidad internacional no obligue a las autoridades israelíes a rendir cuentas por el apartheid y otros crímenes les da vía libre para segregar, controlar y oprimir a la población palestina a diario y contribuye a perpetuar una violencia mortal. El apartheid es un crimen de lesa humanidad y, francamente, resulta escalofriante ver que sus autores eluden la justicia año tras año”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Desde hace tiempo, Israel trata de silenciar las conclusiones sobre el apartheid con campañas de difamación selectivas y la comunidad internacional se deja amedrentar con estas tácticas. Hasta que no se desmantele el apartheid, no habrá esperanzas de proteger la vida de la población civil ni de ofrecer justicia a las familias afligidas de Palestina e Israel.”

A la sombra del apartheid, las autoridades israelíes controlan prácticamente todos los aspectos de la vida del pueblo palestino y lo someten a opresión y discriminación a diario mediante la fragmentación territorial y la segregación legal. La población palestina que reside en los Territorios Palestinos Ocupados está segregada en enclaves separados; las personas que habitan en la Franja de Gaza están aisladas del resto del mundo bajo el bloqueo ilegal de Israel, que ha provocado una crisis humanitaria y es una forma de castigo colectivo.

Muestras de apartheid diarias

 El 1 de febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se explica que Israel aplica un sistema institucionalizado de opresión y dominación contra la población palestina allá donde tiene control sobre sus derechos: en Israel, en los Territorios Palestinos Ocupados y contra las personas refugiadas desplazadas, al negarles su derecho a regresar. En él se exponía que las leyes, políticas y prácticas israelíes se concebían con el objetivo primordial de mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control de la tierra y los recursos para beneficiar a la población israelí judía en detrimento del pueblo palestino.

 En el año 2022 se constató un elevado número de muertes entre la población palestina de Cisjordania, una de las cifras más altas desde al menos 2005. Las fuerzas israelíes mataron a unas 153 personas palestinas, incluidas decenas de menores, la mayoría en el contexto de un mayor número de asaltos militares y operaciones de detención. Una investigación de Amnistía Internacional reveló que 33 personas palestinas, entre ellas 17 civiles, habían muerto a manos de las fuerzas israelíes durante su ofensiva de agosto de 2022 contra Gaza y que los cohetes lanzados por grupos armados palestinos habían matado al menos a 7 civiles.

Al mismo tiempo, los incidentes de violencia de los colonos israelíes contra la población palestina aumentaron por sexto año consecutivo en 2022; los ataques incluyeron agresiones físicas, daños a la propiedad y olivares arrasados. Está ampliamente documentado que las autoridades israelíes consienten y facilitan esta violencia, en especial cuando detienen a personas palestinas que están siendo atacadas, cuando proporcionan escolta armada a los colonos o cuando simplemente se limitan a contemplar cómo se golpea al pueblo palestino y se destruyen sus propiedades. Esta cultura de impunidad ha engendrado aún más violencia, como demuestra la oleada de ataques que han protagonizado los colonos en los últimos días.

Tras el tiroteo de Neve Ya’akov, las autoridades israelíes parecen haber incitado a una mayor violencia contra la población palestina al anunciar planes para agilizar los permisos de armas “con el fin de permitir que miles de ciudadanos más vayan armados”. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que ya ha tomado la iniciativa de ampliar masivamente los asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados, ha declarado también que el gobierno planea “reforzar los asentamientos”.

Todos los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales según el derecho internacional; la prolongada política israelí de asentar civiles en territorio ocupado constituye un crimen de guerra.

Una mayor expansión de los asentamientos expondrá a innumerables personas palestinas más al riesgo de traslado forzoso: un crimen de lesa humanidad que las autoridades israelíes cometen de forma sistemática. Ejemplo reciente de ello es la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2022, que dio luz verde al traslado forzoso de más de 1.150 personas palestinas de Masafer Yatta (Cisjordania). Además, el año pasado, las autoridades israelíes ampliaron los planes de demoler el pueblo no reconocido de Ras Jrabah, en la región israelí del Néguev/Naqab, y desplazar a sus 500 residentes palestinos-beduinos, mientras que en enero de 2023 se derribó por 212 vez la aldea beduina de Al Araqib. En el informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid se muestra que en el Néguev/Naqab y en todos los Territorios Palestinos Ocupados se producen desalojos forzosos en favor de los objetivos demográficos de Israel.

  Reconocimiento creciente

En vista de estas violaciones de derechos humanos, crece el reconocimiento internacional de que las autoridades israelíes están cometiendo apartheid. La población palestina lleva largo tiempo exigiendo que el régimen de Israel se considere apartheid; varias organizaciones palestinas —como Al Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos y Al Mezan— se sitúan a la vanguardia de la acción en defensa de esta iniciativa ante la ONU.  

 El impulso a favor de dicho reconocimiento cobró fuerza en 2022, cuando dos relatores especiales de la ONU concluyeron que las autoridades israelíes estaban cometiendo apartheid. Se duplicó el número de Estados que hicieron referencia en el Consejo de Derechos Humanos al apartheid cometido por Israel: la cifra pasó de 9 en 2021 a 18 en 2022. En particular, Sudáfrica y Namibia se hallan entre los Estados que han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el trato que dispensa Israel a la población palestina constituya apartheid. Varias organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes han pedido también el fin del apartheid, entre ellas Human Rights Watch, B’Tselem y Yesh Din. 

 Las autoridades israelíes han hecho todo lo posible por suprimir y desacreditar las conclusiones acerca del apartheid. Las consecuencias son especialmente graves para quienes defienden los derechos humanos en Palestina: en agosto del año pasado, las autoridades israelíes irrumpieron en las oficinas de siete destacadas organizaciones no gubernamentales palestinas, tras calificarlas de “entidades terroristas” y declararlas ilegales. En diciembre, Salah Hammouri, investigador de campo de Addameer —organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad—, fue desposeído de su permiso de residencia en Jerusalén y deportado a Francia tras nueve meses de detención administrativa israelí.  

Desprecio del derecho internacional

En mayo de 2023, el historial de Israel en materia de derechos humanos se someterá a escrutinio en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades israelíes instándolas a participar, pero éstas no han respondido aún al proceso de examen. Las autoridades israelíes han hecho caso omiso de la mayoría de las recomendaciones que los Estados examinadores presentaron y el Consejo de Derechos Humanos respaldó durante el anterior ciclo del EPU, en 2018. Sin ir más lejos, a pesar de que se ha instado a Israel a que acabe con las detenciones administrativas en repetidas ocasiones a lo largo de los años y nuevamente en 2018, el país retiene actualmente a más de 860 personas palestinas sin cargos ni juicio, la cifra más alta en 15 años”.

“El continuado desprecio de las autoridades israelíes ante las obligaciones del derecho internacional y las recomendaciones de la comunidad internacional sigue teniendo consecuencias nefastas para la población palestina y menoscaba también la protección de los derechos de los ciudadanos israelíes”, ha declarado Agnès Callamard.

 “Ningún Estado debería poder desacatar sistemática e impunemente el derecho internacional, y en especial las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Pedimos a los Estados que eliminen toda forma de respaldo a las violaciones de derechos humanos de Israel, que rompan con años de inacción cómplice y obliguen a las autoridades israelíes a rendir cuentas.”

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