De Antuco a Putre: Las torturas y tratos crueles que persisten en el Ejército contra conscriptos

La Tragedia de Putre

46 jóvenes que realizaban su servicio militar obligatorio en el Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” del Ejército de Chile en Arica y Parinacota y que fueron llevados a una campaña en el altiplano, culminó con el joven Franco Vargas (19) fallecido el pasado 27 de abril, y con otros 45 reclutas con su salud dañada.

En medio del dolor y de la gravedad de la situación, grupos vinculados a sectores republicanos y de la ultraderecha chilena, tildaron a las víctimas de “mamones”, entre ellas, la excandidata por el Partido Republicano, Verónica Welkner.

El abogado, Alfredo Morgado, que representó a las víctimas de la “Tragedia de Antuco”, comentó en reciente entrevista con CNN Chile, que lo ocurrido en Putre es un hecho trágico y que es muy parecido al que ocurrió hace 19 años en Antuco, indicando que «La realidad supera lo que se creía”.

Morgado expresó su preocupación acerca del trato que el Ejército brinda a sus conscriptos, afirmando que la institución no comprende ni respeta la “dignidad humana” de estos jóvenes, señaló a CNN.

Además, señaló que si bien el Ejército había prometido adoptar una actitud más responsable en este tipo de expediciones, los eventos recientes demuestran que la realidad supera las expectativas.

“La realidad supera lo que se creía, dijo y se comprometió”, afirmó Morgado, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una revisión profunda de los protocolos y el trato a los conscriptos por parte de las autoridades militares, destacó CNN.

“Llevaba dos meses en el Servicio Militar y estaba feliz, siempre quiso entrar al Ejército, quedarse adentro. Estaba contento, quería seguir. Lo único que esperamos que se haga justicia, no vamos a bajar los brazos, él necesito ayuda y no se la dieron. Su madre lo entregó y se lo devolvieron en un cajón”, comentó a Diario Usach, Angélica Acosta, abuela del conscripto fallecido, destacado en una reciente publicación de Radio Universidad de Santiago de Chile

Felipe Lizama, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, señaló al medio universitario que, es indispensable una revisión de los protocolos utilizados en este tipo expediciones, pero también de aquellos que tienen que ver con el acceso al Servicio Militar. Solo así se puede saber si los y las jóvenes que ingresan al Ejército cumplen con la capacidad física y psicológica para someterse a este tipo de instrucción..

“No es primera vez que acontecen situaciones respecto a conscriptos, hay que recordar lo que aconteció en Iquique con un conscripto que comenzó a disparar a mansalva y que se suicidio. Entonces, si bien hay estándares de control de ingreso, parece que no son los suficientemente intensos para medir la actitud física, mental y psicológica de los conscriptos, lo que puede desencadenar con mayor gravedad situaciones como esta”, comentó el académico al medio de su casa de estudios, quien, además, recuerda el rol de garante que tiene el Estado para salvaguardar la integridad de los conscriptos tanto física como psicológica.

En una reciente querella presentada por el INDH, se identificaron una serie de ilícitos por parte de los funcionarios públicos del Ejército en contra de los conscriptos: “Los funcionarios a cargo de los conscriptos aplicaron consciente y voluntariamente apremios sobre las víctimas”. El texto afirma que los jóvenes estaban “en situación de impotencia respecto a los funcionarios a su cargo”. La querella razona que la actuación de estos funcionarios causó “maltrato físico, psicológico y lesiones a las víctimas”.

Cabe consignar el 21 de abril pasado, un grupo de 250 jóvenes de la Brigada Huamachuco inició una instrucción en el sector Pacollo, en la comuna de Putre. De este total, un grupo de 45 personas recibió agresiones por parte de los superiores a su cargo.

Entre otras agresiones, hubo golpes de pies y puños, en cualquier contexto y momento, durante la instrucción, mientras dormían o comían o incluso durante las caminatas. Dice la querella que estas caminatas podían ser nocturnas, con temperaturas bajo cero, sin ropa adecuada. O también las caminatas podían darse durante el día, pero sin la protección solar mínima, como gorro o lentes oscuros. Pese a haberles dado las prendas, no se les permitían usarlas. Además, los privaban de sueño por las noches y les permitían dormir una hora, según se describe.

El texto también dice que el maltrato incluía exposición a fecas de ratones en espacios de preparación y consumo de alimentos. Además, los obligaban a comer con las manos de una misma bandeja grupal. Los obligaron a utilizar letrinas grupales sin acceso a medidas higiénicas de aseo personal. Estas estas situaciones tuvieron lugar a 4 mil 600 metros sobre el nivel del mal, a -15 grados durante la noche y con índices de radiación solar extremadamente altos durante el día.

La querella del INDH añade que todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente, con frases homofóbicas o de connotación sexual. Al ir por atención médica recibían trato despectivo y les decían todo tipo de frases aún después del fallecimiento de Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente.

 La tragedia de Antuco

Con fecha 5 de mayo de 2005, las cinco compañías del Regimiento Reforzado N° 17 “Los Ángeles”, iniciaron una campaña de entrenamiento de dos semanas, durante la cual recibirían adiestramiento en técnicas de combate, para luego finalizar con una marcha de 24 kilómetros alrededor de los faldeos del volcán Antuco, localizado a dos mil metros de altitud, en la Región del Biobío.

De acuerdo a los archivos de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), la orden militar del Mayor Patricio Cereceda, oficial a cargo de la instrucción, fue la de marchar por la cordillera, pese a las adversas condiciones meteorológicas anunciadas para el sector.

Según los archivos, mientras las dos primeras unidades efectuaron el periplo sin mayores complicaciones, las siguientes compañías fueron sorprendidas por una tormenta de nieve que, sumada a la insuficiente preparación de los conscriptos y al inapropiado equipamiento que portaban, derivó en el fallecimiento de 45 soldados.

Con respecto a los responsables, se desprende: “El mayor Patricio Cereceda Truan recibió una condena efectiva de 5 años y un día por cuasidelito de homicidio múltiple. Pero luego de 3 años y ocho meses de cumplimiento de esta, fue puesto en libertad condicional. Los otros responsables por la fatal marcha fueron el comandante Roberto Mercado Olguín, quien por incumplimiento de deberes militares recibió una condena de 3 años, el asesor de la comandancia Luis Pineda Peña recibió 541 días de condena, y los capitanes Carlos Olivares Oyanguren y Claudio Gutiérrez Romero con 800 días de presidio».

Una vez consumado el fatal evento, las autoridades del sector Defensa y, en particular, del Ejército, procedieron a adoptar una serie de medidas de corto y largo alcance, que incluyeron sanciones, reparaciones económicas, instancias de homenaje, cambios de procedimientos y creación de nuevas instancias formales.

Entre estas definiciones, cabe mencionar la introducción del concepto de»obediencia reflexiva» en la nueva Ordenanza General del Ejército; la creación del «Proyecto Torrente», dirigido a mejorar los sistemas de comunicación institucionales, en aras de garantizar una conectividad permanente entre las diversas unidades desplegadas en terreno, evitando así situaciones como las vividas en Antuco; la conformación del Centro de Lecciones Aprendidas, entidad adscrita al Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente del Ejército, con la misión de retroalimentar las actividades de la institución, modificando aspectos considerados deficitarios, a la vez que validando lecciones asimiladas de los procesos de instrucción militar, que aporten al proceso de actualización de la doctrina; el cambio de denominación de la II División de Ejército por el de III División de Montaña; la puesta en operacionesde las denominadas Patrullas de Auxilio y Rescate en Montaña del Ejército, con el fin de que las unidades especializadas cuenten con los elementos requeridos para enfrentar situaciones de emergencia; y el desarrollo y mejoramiento de programas asistenciales para víctimas de tragedias.

A pesar de estas medidas, las prácticas no han cambiado y nuevamente ocurre una trageda, como la de Putre.

Seguir leyendo más…

Romy Vargas, madre de conscripto muerto en Putre, pide que no participe la Fiscalía Militar: «No confío en ellos»

«Conforme a nuevos antecedentes»: Ejército releva a seis nuevos militares involucrados en fatídica marcha de Putre

Ejército solicita ministro en visita y releva a dos comandantes involucrados en la fatal marcha de Putre

Desmienten al Ejército: Cesfam de Putre confirma que Franco Vargas llegó sin signos vitales

Habla por primera vez uno de los conscriptos que hizo la caminata en Putre: «Se nos obligó a marchar 10 kms en polera (a las 7 am)»

Madres de conscriptos en Putre emplazan al Partido Republicano: «Al señor Kast, háganse responsables de los dichos de esta persona (Verónica Welkner)»

Excandidata a diputada y militante del P. Republicano festina con la tragedia de Putre y los tilda de «mamones»

Caminata militar en Putre: Conscripto se encuentra en «condiciones críticas» y bacteria pone en riesgo una de sus piernas

Contraloría pide al Ejército un informe «detallado» sobre los hechos que ocasionaron la muerte de un conscripto en Putre

¿Qué pasó con Franco? La historia del conscripto que murió durante una caminata militar en Putre