Narcopolítica, lavado de activos, coimas y fraudes tributarios: ¿Quiénes no quieren legislar para levantar el secreto bancario?  

Se ha generado todo un entramado desde un sector político en base al resultado de un test de drogas del diputado Nelson Venegas (PS), quien aclaró que sería consecuencia de un medicamento por tratamiento para bajar de peso, aún así, el linchamiento y señalamientos de “drogadicto” continuó en aumento, sin embargo, los mismos que vociferan moralismo, son los mismos que se niegan a legislar para levantar el secreto bancario para dar seguimiento a las redes ilícitas en narco política, lavado de activos, financiamiento ilegal de la política como las coimas y el fraude tributario

Por Seguel Alfredo

30/01/2024

Publicado en

Actualidad / Chile / Política / Portada

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Control de drogas en la Cámara

Insólitamente, dentro del reglamento sobre control de drogas en la Cámara de Diputados y Diputadas, se señala: “El control se aplicará en forma reservada y resguardará su dignidad e intimidad y se observarán las prescripciones de la ley Nº 19. 62 8, Sobre protección de la vida privada, o el texto que la reemplace”.

Este lunes, el diputado Nelson Venegas (PS) fue duramente cuestionado tras dar positivo al test de drogas de la Cámara Baja, por lo que decidió renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética. Frente a esta situación, el parlamentario, intentó aclarar que lo anterior fue producto de un tratamiento para bajar de peso, a través del medicamento Sentis, expresó a Radio BioBío, sin embargo, el nivel de linchamiento público de que fue objeto y la manipulación política de la situación, no dieron cabida a su defensa.

También  algunos, tuvieron que pedir disculpas, después de haber levantado falsedades, indicando que tiene derecho, en caso de ser positivo por medicamento, de tener un espacio para dar a conocer sus descargas antes de ser “condenado”

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El reglamento interno de la Cámara, en su artículo 7, establece que: “Las diputadas y los diputados cuyo examen resultó positivo deberán presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario por el lapso de un año, la que será enviada por escrito dentro de los quince días corridos siguientes al inicio del periodo legislativo, al funcionario nombrado en virtud de lo dispuesto en el artículo”.

La situación del diputado Venegas ha llevado a abordar un tema de fondo. Legislar sobre el levantamiento del secreto bancario. La Diputada Ana María Gazmuri, ha sido objeto de una serie de ataques, por ser una de las promotoras de regular el uso de cannabis para fines medicinales y de poner fin a la criminalización en torno a ello. En el marco del caso del diputado Venegas, comentó  en X una publicación del diputado Guillermo Ramíez:

Lo que no tiene justificación, es que algunos diputados y diputadas se sigan negando a levantar el secreto bancario; ahí veríamos los que realmente tienen vínculos con el Narco, u otros negocios ilícitos. Seguir la ruta del dinero, no a usuarios que cultivamos nuestras plantas, el autocultivo es la manera de  NO aumentar las arcas de los traficantes. Y es legal! Contra el Narcotráfico, cultiva tus derechos! Y tampoco está bien  hacer show por un diputado que da positivo por fármaco prescrito y comprado en la farmacia. Basta”.

Secreto bancario y su relación con redes de ilícitos

En diciembre el 2023, estalló uno de los casos de mayor megafraude con la detención de 51 empresarios, por un monto que superaría los $ 240 mil millones. Se trata de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país, por los delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos.

Se señaló que más de 100 empresas estarían vinculadas, algunas de las cuales operaban desde 2015 con la emisión de “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. En este sentido, fueron detectadas cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes, según trascendió a la prensa, razón por la que se habría allanado  83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

En noviembre del 2023, el abogado penalista Luis Hermosilla, sujeto clave en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, durante la titularidad de Andrés Chadwick en el Ministerio del Interior,  aparece en un escándalo noticioso luego de una información publicada por el portal de investigación Ciper que reveló una serie de audios donde Hermosilla menciona el pago de coimas a funcionarios de estos organismos, en el marco de la indagatoria que lleva esta última entidad contra la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, por operaciones irregulares.

Sin embargo, existen múltiples casos más que involucra a una serie de políticos. Caso Penta, caso Soquimich, caso Cascadas, que ha vinculado a personeros de la primera línea de la institucionalidad pública del estado, como el propio ex presidente Sebastián Piñera, el ex ministro y ex parlamentario Pablo Longueira, el ex senador Udi, Jaime Orpis, entre una larguísima lista.

La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP)

La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) impulsada por el Gobierno el 2023,  es un plan de acción con más de 200 medidas orientadas a evitar y combatir la corrupción, como el levantamiento del secreto bancario para delitos de evasión y elusión.

Con respecto al levantamiento del secreto bancario para delitos de evasión y elusión, se pretende un futuro proyecto de ley sujeto a la aprobación del Congreso Nacional que faculte al Servicio de Impuestos Internos para que acceda de manera expedita a información sujeta a secreto bancario que sea necesaria para controlar la evasión y la elusión.

Asimismo, se propone restricciones que regulen el tránsito de autoridades entre el mundo privado al público y viceversa, para prevenir conflictos de intereses, entre otras medidas.

¿Quiénes están en contra de  levantar el “secreto bancario”?

Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, Según publicó La Tercera,  manifestó que le pareció “extraño”, teniendo en cuenta que “hace unos meses se limitó severamente el secreto bancario en una ley aprobada recientemente”.

Sauerbaum señaló además que: “debería ser parte de un acuerdo, no de una indicación unilateral (…) lo que se entiende por levantar el secreto bancario implica que habrá funcionarios del SII con acceso a información personal de todos los chilenos y los casos de posible corrupción ilustran los riesgos de ello. El secreto bancario puede levantarse en marco judicial, aunque habría que conocer la propuesta”.

Por su parte, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, uno de los que más ha vociferado por el caso diputado Venegas, había señalado en Radio ADN, sobre el proyecto ley para levantar el secreto bancario que: “Ahora habla de levantar el secreto bancario para evitar la evasión. El presidente sabe y todos los técnicos saben que esa es una muy mala solución. En Europa y en Estados Unidos se usan otros mecanismos para controlar la evasión, porque levantar el secreto bancario genera desconfianza, lesiona la inversión y por lo tanto afecta la economía del país”, agregó el parlamentario de la UDI.

“Hoy, ante cualquier duda de ilicitud en una cuenta bancaria, la autoridad puede pedir a la justicia el alzamiento de ese secreto. Siempre que ha habido fundamento se ha otorgado y se han abierto esas cuentas, por lo que no sé cuál es el sentido que a priori se afecte la intimidad de todas las transacciones personales. Me sorprende que eso sea el fundamento del financiamiento de una reforma de pensiones”, manifestó el senador UDI, Juan Antonio Coloma, presidente del Senado.

El medio EstáPasando, también destacó con respecto al rechazo de tal medida desde sectores de oposición: “Desde el Partido Republicano también rechazaron la medida propuesta por el mandatario. Su argumento se centra en la preocupación de que la información bancaria podría ser mal utilizada por funcionarios públicos para extorsionar a las autoridades (…) Manifestaron su oposición a cualquier normativa que vulnere la libertad de los ciudadanos, a menos que el gobierno garantice el control de la corrupción y aplique consecuencias severas a los funcionarios públicos involucrados en tales actos”.

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