Presentan denuncia penal para que Fiscalía investigue acuerdo CODELCO – SQM

Presentan denuncia penal para que Fiscalía investigue acuerdo CODELCO – SQM

Presentan denuncia penal para que Fiscalía investigue acuerdo CODELCO – SQM

Autor: El Ciudadano

Presentan denuncia penal para que Fiscalía investigue acuerdo CODELCO – SQM. En la denuncia penal se solicita se investiguen eventuales delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y administración desleal. Se espera que sean llamados a declarar los directores de Codelco y ejecutivos de SQM.

Equipo El Ciudadano

El diputado e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Cristian Tapia, ingresó una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue la negociación seguida entre Codelco y SQM para la extensión, a través de trato directo, de la explotación de litio en propiedad del Estado hasta el año 2060 con beneficio para Ponce Lerou.

La denuncia destaca que, según lo declarado por el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, en una Junta de Acciones de dicha empresa realizada el 21 de marzo de este año, el monto que pagará la empresa históricamente controlada por Ponce Lerou para acceder a la explotación de litio por otros 30 años es igual a “cero”.

Lo anterior constituye un enorme perjuicio para el Estado en favor de SQM y el clan Ponce – Pinochet, y se suma a enormes cifras que han pagado la administración Pacheco para acceder a proyectos de litio, más allá de la carga tributaria establecida en contra de los parámetros establecidos por el propio Codelco.

Esto, ya que la estatal pagó  por la compañía Lithium Power International Limited en marzo de este año, la cifra de 236 millones de dólares para acceder al “Proyecto Blanco” con la finalidad de explotar litio en el Salar de Maricunga, a pesar de que el propio Máximo Pacheco reconoció ante la Cámara de Diputados que las pertenencias mineras del proyecto que adquirieron  no dan derecho a explotar litio, la empresa que compraron no cuenta con ningún activo físico para desarrollar esa actividad (camiones, maquinaria, equipamiento, etc.), que la resolución de calificación ambiental del “Proyecto Blanco” se encuentra con recursos pendientes ante la justicia donde se pide su anulación.

Además Pacheco reconoció en la Cámara que a pesar de todo esto, el valor por el que compraron la empresa Lithium Power International Limited para acceder al referido “Proyecto Blanco” es el doble del valor en que cotizaban en bolsa de las acciones de dicha compañía al momento en que se llegó al acuerdo de compra por parte de Codelco. La denuncia señala que en ese contexto, es un indicio de delito que la misma Codelco, liderada por Pacheco, haya acordado extender la operación de SQM hasta el 2060 sin que dicha empresa tenga que pagar nada a cambio de acceder a este contrato.  

Presentan denuncia penal para que Fiscalía investigue acuerdo CODELCO – SQM pues se cuestiona como un atentado a la probidad y que además puede constituir un delito de administración desleal, que se haya elegido la opción de negociar directamente a puertas cerradas con SQM la extensión de su operación hasta el 2060 sin haber llamado a una licitación abierta, competitiva, y trasparente, a partir de la cual se adjudicara la participación, junto al Estado, en la explotación de la mayor reserva mundial de litio en el Salar de Atacama a quien hiciera la mejor oferta económica, social y ambiental. En ese contexto, se citan estudios de expertos en materia de minería, y del mercado del litio en participar, los cuales dan cuenta de que el valor aproximado que se podría haber obtenido en una licitación por el solo derecho de participar en el negocio, sin contar con la carga tributaria establecida en la ley en beneficio del fisco, alcanzaría a lo menos a la suma de 10.000 millones de dólares, en un escenario donde el gerente general de SQM ha sostenido que el monto a pagar por dicha empresa a cambio de acceder a esta extensión es “cero”. 

Para señalar el grave y manifiesto perjuicio al interés fiscal concretado por Máximo Pacheco al negociar el acuerdo con SQM, la denuncia criminal destaca que se le garantiza a SQM el aumento de las cuotas de extracción vigente hasta el 2030 por 300.000 toneladas adicionales de litio, las cuales se entregan a titulo gratuito, sin que la empresa deba pagar nada a cambio de acceder a dicho aumento.

Además, presentan denuncia penal para que Fiscalía investigue acuerdo CODELCO – SQM en relación a lo señalado por el propio Pacheco ante el Congreso Nacional, una de las razones determinantes para que se accediera a las condiciones impuestas por SQM, es que dicha empresa señaló que en el caso de no llegar a un acuerdo para extender su explotación de litio en el Salar de Atacama, entonces dejaría vacías las pozas en que se procesa la salmuera extraída desde dicho Salar, lo que según la denuncia penal constituiría un «chantaje» al cual Pacheco habría cedido rápidamente, lo que además de violar la buena fe en el cumplimiento del contrato vigente, seria un atentado manifiesto a la probidad y al interés publico que estaba obligado a resguardar, lo que constituiría una muestra clara de una administración desleal en contra del Estado.  

De esta forma también se podría concretar un “delito de fraude al fisco”, al considerarse que los empleados y ejecutivos de Codelco deben ser considerados como “funcionarios públicos” para efectos penales. La denuncia sostiene que en la negociación liderada por Máximo Pacheco en representación de Codelco se habría violado de forma grave el principio de trasparencia, ya que no se ha querido informar quienes han participado en la negociación en representación de los intereses del Estado. Esto es relevante según la denuncia criminal, ya que la negativa en revelar esta información se produce en un contexto donde un alto ejecutivo de la Estatal, Jaime San Martin, trabajó previamente durante mas de 14 años como hombre de confianza directa de Julio Ponce Lerou en SQM, sumado a que uno de los principales entidades asesoras contratadas por Codelco para enfrentar la negociación es el estudio Carey y Cía., el cual no solo ha asesorado históricamente  a SQM, sino que uno de sus principales directores es Francisco Ugalde, quien hasta hace poco se desempeñó como miembro del directorio de SQM.

A partir de estos antecedentes se solicita al Ministerio Publico indagar el delito de tráfico de influencias, haciendo mención además a la relación personal y contactos que pudo haber tenido Máximo Pacheco con Guillermo Geisse Valenzuela  durante el periodo de negociación entre Codelco y SQM, cuya indagación seria relevante, “ya que el señor Geisse fue hasta agosto de 2023 director de la empresa Pampa Calichera, una de las sociedades cascadas de propiedad de Julio Ponce Lerou a través de las cuales controla SQM S.A.”

En este punto se debe recordar que el año 2018 se estableció que ni Julio Ponce ningún miembro de su familia podría estar en el directorio de SQM hasta el vencimiento del contrato vigente, esto es el año 2030, condición que no se mantiene a partir de la negociación realizada por Pacheco. De esta forma   a partir de 2031, tanto Julio Ponce Lerou como cualquier persona del clan Ponce – Pinochet podrían sentarse como directores de la empresa formada por Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama. De hecho, y partir de los distintos movimientos que ha hecho Ponce Lerou en sus empresas durante las ultimas semanas, se anticipa que la persona que ocuparía ese lugar en el directorio de dicha empresa sería su hija, Francisca Lucía Ponce Pinochet, nieta del dictador Augusto Pinochet.

Se debe destacar que este acuerdo es impulsado por Máximo Pacheco en representación de Codelco, y por su intermedio del Estado de Chile, a pesar que SQM tiene juicios con el fisco a fin de evitar pagar mas de 1.000 millones de dólares por concepto de impuesto específico a la actividad minera, asunto que no se ha tratado en las negociaciones. Esto, a pesar que incluso para acceder al sistema de compras públicas, cualquier empresa que quiera contratar con el Estado tiene como obligación no tener juicios pendientes con el fisco.

Se espera que la fiscalía del Ministerio Público empiece a efectuar diligencias a fin de definir la existencia de los delitos denunciados, consistentes en prevaricación administrativa, administración desleal, fraude al fisco y/o trafico de influencias, en lo que es la negociación mas importante para el interés fiscal de las últimas décadas.  

El Ciudadano


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