Camila Montecinos, dirigente de la organización, apunta al artículo 16.2.32, en el que Chile se compromete a consultar cualquier iniciativa legislativa al Estado y las empresas de Uruguay: "Se les está dando la posibilidad de participar en la definición de políticas nacionales a un gobierno extranjero, a empresas extranjeras, siendo que ese es un derecho que nosotros, como chilenos, no tenemos”, acusó.