En alianza con la estatal ecuatoriana Enami, la chilena busca la ejecución del proyecto LLamiragua, una explotación cuprífera en el Valle de Intag que mantiene en pie de guerra a las comunidades de la zona desde 1997. Además de los daños ambientales que acarrearía el proyecto, las empresas han sido objeto de cuestionamientos por el trato dado a los moradores: Es el caso de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín que será juzgado esta semana por defender sus tierras y que lleva 10 meses en prisión preventiva acusado de "rebelión".