El estatuto de garantías planteado hasta ahora en la "Ley Antonia", establece, entre otras cosas, que los jueces deberán impedir preguntas que “humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima”. Adicionalmente, se incorporan medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.