Francisco Muñoz le gritó a la ministra del Segpres: “Sinvergüenzas con poder“, mientras, a la senadora Fabiola Campillai un partidario de la extrema derecha le dijo que son “unos ladrones asquerosos, rata inmunda“.

“Después de un análisis técnico exhaustivo, determinó acoger parcialmente dichos recursos respecto a la compatibilidad territorial. En lo sustantivo, si bien se mantendrá la calificación favorable del proyecto, se propone modificar la RCA haciendo presente que la RCA no es el estudio fundado que habilita los usos definitivos en el plan regulador comunal. Es decir, que la aprobación de esta RCA solo habilita remediar el terreno contaminado, mas no a la construcción de un proyecto inmobiliario”, señalaron desde el Comité de Ministros.

"Por la gravedad del correo recibido por los legisladores y legisladoras, el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán Uribe, interpuso una denuncia ante la Brigada Metropolitana de Cibercrimen por el delito de amenazas y por infringir el Art. 2 de la Ley 21459", manifestó el órgano político a través de un comunicado.

"Un grupo de sujetos a rostro cubierto, armados con cuchillos, golpearon, amenazaron y rociaron con bencina a nuestros compañeros y compañeras de las Juventudes Comunistas y del Partido Comunista de Chile", denunció Cariola.

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, señaló que “esta no es una vacunación general para toda la población, es una vacunación sólo para grupos de riesgo especiales, porque pueden desarrollar síntomas más severos, y esa es la indicación tanto de organismos internacionales como del Cavei”.

Boric aseveró que "este equipo tiene un claro mandato: Desplegarse y ejecutar nuestro programa de Gobierno, en terreno y con las personas".

En el juicio, que duró tres meses, se les imputó a los dos hombres los delitos de estupro, violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años.

“La justicia no es con metralletas. Solicitaré a mi bancada que te llevemos a la Comisión de Ética por incitación al odio”, indicó Santana.

La causa estaba enmarcada en una ampliación de una querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad contra las tres autoridades del Gobierno anterior, encabezado por Piñera.

Monsalve alega que, por el Estado de Excepción, se ha logrado reducir en un 45% los hechos violentos, en comparación al 2021.