La Fiscalía informó que la querella presentada por la Ilustre Municipalidad de San Bernardo en contra del CORE – dada a conocer por El Ciudadano hace algunos días – se sumará a la interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en octubre de 2014.

Fuentes policiales dijeron a El Ciudadano que por una decisión administrativa de Santiago se ha impedido que los funcionarios Roberto Poo y Rodrigo Reyes, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, cuenten con dedicación especial para trabajar directamente con el tribunal.

La naciente agrupación, que pretende acoger a integrantes de las ramas armadas y de orden que sean víctimas de arbitrariedades y hostigamientos en su lugar de trabajo, cuenta ahora con el respaldo de la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa.

Michel Jorrat, director del SII, afirmó que es posible que se inhabilite luego de que la Fiscalía presentara una denuncia contra el geógrafo Giorgio Martelli, a quien emitió boletas. Además de su relación con la Nueva Mayoría, Martelli es dueño de Asesorías y Negocios SpA, empresa que facturó a SQM Salar.

Características culturales de las parejas involucradas fundamentarían los consejos que la institución entrega a sus subalternos.

La autoridad fue denunciada a la justicia por el Consejo de Defensa del Estado tras una auditoría realizada por la Subsecretaría del Interior que detectó irregularidades en varias facturas autorizadas bajo su administración. Ahora se suma una querella de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo.

“Chile es un ejemplo como exportador de alimentos para el mundo y hoy reconocemos el tremendo liderazgo que ha tenido en esta materia”, afirmó José Perdomo, presidente ejecutivo de CropLife Latin America, que congrega a Syngenta, Bayer y otros gigantes de la agroindustria.

Se cuestiona que diligencias realizadas por un equipo de Carabineros de Santiago entre los años 1999 y 2000 no hayan sido informadas a la justicia.

El militante socialista se amparó en "tratados internacionales de derechos humanos" y afirmó que "nadie debe dar explicaciones por sus conversaciones privadas". En la misma plataforma administrada por él, Luis Guzmán, el director regional de Corfo, trató a quienes participaron en la última Marcha de los Indignados en Iquique como "aweonaos".

El juez Óscar Barría Alvarado rechazó los argumentos de la policía uniformada y estableció que el despido del sargento José Martínez derivó de una vulneración de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, y el derecho a la integridad física y psíquica por parte de la institución.