Ley de la Jibia, Tribunal Constitucional y el extractivismo pesquero chileno

Por Jorge Ayala Córdova, sociólogo e investigador de la historia pesquera de Chile. Miembro del Centro de Estudios Político Social del Trabajo – CIPSTRA.

El jueves 23 de junio del 2020 en Chile, quedaron totalmente sepultadas las intenciones empresariales de revertir la famosa Ley de la Jibia, después de que por ocho votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional decidiera rechazar la petición de declarar inconstitucional la presente normativa.

El recurso legal puesto por la Pesquera Landes de la región del Bío Bío, entidad empresarial presidida por Eduardo Bohorodzaner y miembro del gremio ASIPES, fue la última jugada desesperada que le quedaba a la industria extractivista del sector y que al parecer pondrá punto final al debate político-legal sobre este caso.

Estos acontecimientos recientes, nos obligan a rememorar el origen de este conflicto y a plantear por qué es necesario tomar este caso político pesquero, con el fin de impulsar una propuesta de desarrollo productivo con perspectiva sustentable, comunitario-económica y de defensa de los bienes comunes alimentarios.

Los orígenes del conflicto legislativo por la Jibia

Durante 2015 a 2018, en el parlamento se estuvo debatiendo un proyecto de ley en relación con la pesca, el cual establecía que el recurso jibia solo podía ser explotado por medio del arte de línea de mano o potera, métodos de pesca usados tradicionalmente por los pescadores artesanales.

Este proyecto solo agregaba un artículo específico a la “Ley General de Pesca y Acuicultura”, el cual se formuló con el fin de que la pesca industrial no pudiera seguir depredando los recursos pesqueros y así potenciar una pesca sustentable a partir del recurso jibia.

Tras aprobarse de forma casi unánime en el parlamento en diciembre del 2018, el gobierno tuvo las intenciones de bloquearlo por medio de un veto presidencial o apelando al Tribunal Constitucional.

Dicha intención, generó que los pescadores artesanales impulsaran diversas protestas radicales en rechazo al actuar del gobierno, específicamente durante diciembre de 2018 y enero de 2019, abarcando estas acciones desde la región de Coquimbo hasta la de Los Ríos. Dichas presiones, generaron que el gobierno desistiera en último momento de la intención de derogar dicha ley, generando así que el movimiento popular de pescadores artesanales tuviera un pequeño triunfo frente a la arremetida empresarial-estatal.

Sin embargo, el problema de todo esto, es que la historia del caso de la Ley de la Jibia no terminaría acá. Posteriormente, en el transcurso de 2019, un grupo de parlamentarios, colaboradores de los grupos de poder del empresariado pesquero, formularon otro proyecto de ley, el cual estipulaba que la Ley de la Jibia tendría que entrar en vigor en dos años más desde el momento de su aprobación.

Dicho elemento, posibilitaba que la pesca industrial pudiera seguir depredando el recurso jibia, con sus artes de pesca nocivas para el ecosistema marino. El 13 de octubre de 2019, al nuevamente verse derrotados los empresarios por una abrumadora mayoría parlamentaria, los pescadores que protestaban en las calles aledañas al Congreso celebraron esta acción institucional como una victoria popular.

El sentimiento de triunfo y unificación entre los trabajadores de las comunidades costeras tomó un carácter distintivo al momento de la votación misma, pues este sector no ha experimentado grandes avances normativos en materia de sustentabilidad económica desde la década de los noventa hasta la actualidad.

Desde la década de 1950, las artes de pesca que ha tendido a utilizar el sector industrial, ha sido principalmente el cerco o el arrastre. Hasta la votación recién pasada, no se había logrado instalar institucionalmente normativas que estuvieran orientadas a que los recursos pesqueros fueran explotados con mecanismo de pesca selectivos para los recursos objetivos (como la línea de mano o la potera).

Esta misma situación, género que a lo largo de las décadas los barcos industriales pudieran impulsar el desarrollo capitalista del sector pesquero nacional, a costa de usar mecanismos de pesca destructivos del fondo marino y degradativas con los equilibrios ecosistémicos.

Cabe recordar que desde 2014, el recurso jibia se distribuye en un 20% para el sector industrial y un 80% para el sector artesanal. Sin embargo, a pesar de que al sector industrial le tocaba una parte minoritaria del presente recurso, el arte de arrastre y el cerco, al ser tan dañinos, terminaban dañando los fondos marinos y acortando así los ciclos de vida de los recursos pesqueros.

Esto generaba que especies como la jibia no tuviera una mayor madurez sexual para poder reproducirse, generando que los pescadores encontraran a este recurso en tallas y pesos muy menores a los normalmente capturados (entre 15 a 50 kilos).

El modelo extractivista capitalista y la disputa de los modos de producción pesquera

Este conjunto de acciones, normas y formas de explotación de los recursos a lo largo de las décadas, estructuraron un modelo extractivista el cual no considera como agentes con derecho a los actores laborales y a la naturaleza como tal.

Por esto mismo, el hecho de que los pescadores artesanales hayan luchado por que estas artes de pesca quedaran normadas en un artículo especifico, posibilitó que la política de desarrollo sectorial, se pueda cuestionar más abiertamente y con antecedentes legales claros.

El nuevo triunfo que acaba de vivir la pesca artesanal en el Tribunal Constitucional se verá reflejado inmediatamente en que la industria pesquera tendrá que asumir que, si quiere seguir pescando su cuota de jibia, tendrá que hacerlo exclusivamente con artes de pesca selectivas.

A la vez, esto ha motivado a que los pescadores artesanales dedicados a la captura de otras especies pesqueras, empiecen a formular proyectos de ley orientados por el mismo principio que articuló la Ley de la Jibia: impulsar la pesca selectiva, sustentable y ecológica.

Cabe destacar que actualmente las grandes pesquerías nacionales (como el jurel, la merluza, la sardina y la anchoveta) están sujetos bajo un modelo de desarrollo capitalista extractivista, el cual se orienta bajo cuatro patrones de acumulación:

1) “La explotación insostenible de los recursos”, pues se capturan especies con métodos de pesca nocivos para el ecosistema marino, como el cerco o el arrastre; 2) “La predominancia de regímenes de propiedad privada en la pesca”, pues designan derechos de propiedad de los recursos pesqueros en los dueños de embarcaciones, pero no así en el resto de los pescadores participes del proceso productivo; 3) “El genocidio alimentario”, pues se destinan estos ricos productos pesqueros directamente para la reducción y producción de harina de pescado, los cuales se destinan para abastecer a las grandes trasnacionales porcinas, avícolas y acuícolas; 4) “La reproducción de modalidades de trabajo precario”, pues se deterioran las condiciones objetivas y subjetivas en que los trabajadores desempeñan sus labores, al no darle valor agregado a los bienes extraídos.

De forma contraria a este tipo de modelo extractivista, el régimen específico que se ha logrado estructurar en la pesca artesanal con el caso del jibia, nos permite demostrar que sí es posible articular una nueva política pesquera alternativa bajo otros principios ideológicos y patrones de desarrollo. Tal afirmación que damos, la podemos constatar en que las pautas productivas fijadas en los recursos anteriormente mencionados y el de la Jibia, se presentan bajo lógicas totalmente inversas, los cuales son:

1) “Desarrollo pleno de una pesca sustentable”, pues prevalece un régimen de extracción de los recursos hidrobiológicos con artes de pesca selectivas, evitando así la destrucción de los fondos marinos y el descarte de especies no objetivo; 2) “Régimen propietario colectivo”, pues la jibia es bien común sin propietarios prefijado, tomando la forma de un Recurso de Uso Común, no estando así permitida la apropiación individual de forma preestablecida ni la transferencia comercial antes de su captura; 3) “Seguridad alimentaria”, pues está prohibido normativamente que la jibia se destine para la producción industrial de harina de pescado, lo cual posibilita que las comunas y la población nacional se logre alimentar de recursos sanos y ricos en nutrientes; 4) “Trabajo digno y solidario”, pues se propicia la creación de empleo y darle valor a los recursos hidrobiológicos extraídos desde las cooperativas de base, destacándose entre estas experiencias organizativas casos como el de la “Cooperativa Pesquera y Comercializadora de Guayacán” en la comuna de Coquimbo (presidida por Pascual Aguilera) y la “Cooperativa de Pescadores Artesanales de la Jibia de la Región del Bío Bío” (presidida por David Castro) en la comuna de Talcahuano.

Por la articulación de una nueva estrategia y horizonte de luchas sindicales

Este conjunto de elementos, permiten preguntarnos si es posible el impulsar un círculo virtuoso desde las economías populares y ecológicas de base. A nuestro modo de ver, esto es posible de lograr siempre y cuando se disponga de comunidades cohesionadas, los fondos económicos de desarrollo necesarios y una legislación pertinente que posibilite dichos procesos.

Cuando las comunidades actúan unidas y bajo principios colectivos, es posible romper con los sistemas de dependencia económica de las grandes corporaciones y explotar los recursos naturales sin la necesidad de que estos sean privatizados, como nos lo ha impuesto culturalmente la hegemónica ideología neoliberal.

Estos elementos y acontecimientos nos obligan a volver a plantear el por qué este conflicto debe ser de profundo interés nacional y por qué es necesario que los movimientos sociales-laborales se pronuncien por un nuevo modelo pesquero.

Si la jibia fue considerada como una plaga a inicios del nuevo milenio (por los 2000) por los pescadores artesanales, así como las instituciones y empresas pesqueras, en la actualidad se ha transformado en un nuevo ejemplo progreso para un sector tan menoscabado. El devenir del sector pesquero artesanal se logrará revertir siempre y cuando los dirigentes sindicales tomen como ejemplo lo que ha sido la experiencia de la lucha por la jibia y plantearse así la necesidad de recuperar aquellos derechos históricos que les fueron despojados.

Para ello, la mejor estrategia a seguir, a mi modo de ver, es la expuesta en una sabia metáfora escrita por el poeta e histórico dirigente de los pescadores artesanales de Chile y ex presidente del “Foro Mundial de la Pesca Artesanal y Trabajadores del Mar”, Humberto Mella:

“Se ha ganado una batalla, no así la guerra, nos aplicaron la política del zorzal, de uva en uva las pesqueras se comieron el parrón que antes era nuestro. Nosotros solo le pellizcamos una uva. Esté gallito con el gobierno nos muestra que la unidad es el camino de la justicia”.

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