Megafraude en Carabineros: Tribunal posterga para marzo de 2022 juicio oral en caso de Pacogate hasta que imputados comparezcan de forma presencial

El juicio oral contra Carabineros por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos por más de 28 mil millones de pesos, enmarcado en el caso Pacogate, fue postergado hasta el 14 de marzo de 2022, debido a que el Tribunal considera necesario que los más de 31 imputados comparezcan de forma presencial ante la justicia.

Este sería el cuarto aplazamiento del juicio por el millonario fraude en Carabineros, donde hay más de 30 imputados por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos por más de 28 mil millones de pesos, consignó BioBío Chile.

La mayoría de los acusados son generales en retiro. Además, se encuentra imputado por el caso el exjefe de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría.

Cabe destacar que, para este caso, el Ministerio Público cuenta con 360 testigos y más de 18.000 documentos; mientras que la Fiscalía está solicitando 20 años de prisión preventiva para los acusados.

En el caso, ya hay 95 condenados con salidas alternativas, mientras que 31 – cita el portal – se encuentran con medidas cauteleras, pero sin prisión preventiva efectiva.

Por su parte, este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva a los ex generales directores de Carabineros Gustavo Adolfo González Jure y Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, quienes son imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

En este caso, también se han decretado medidas cautelares a 10 civiles, que son familiares y cercanos de los uniformados imputados en el Pacogate.

Entre las medidas impuestas se encuentra arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos. A los civiles se les imputó el facilitar los medios para que se concretara la sustracción de estos patrimonios por una suma total que supera los $28.300 millones.

La Fiscalía habría detectado que estas personas cedieron su nombre para que se concretaran diversos actos de adquisición, ocultamiento y/o disimulación de bienes de origen ilícito, introduciendo de esta manera en el sistema económico financiero y dificultando con ello la trazabilidad del origen de sus incrementos patrimoniales.