Profesoras y profesores de Derecho de la U. Austral: Última propuesta constitucional es «regresiva» en materia de Derechos Humanos

"Consideramos que la propuesta de nueva Constitución representa una oportunidad perdida y un claro retroceso frente a los avances que se han consolidado progresivamente durante la vigencia de la Constitución actual", afirmaron 5 docentes en una carta.

Profesoras y profesores de Derecho de la U. Austral: Última propuesta constitucional es «regresiva» en materia de Derechos Humanos

Autor: Absalón Opazo

En una carta al director publicada en el diario La Tercera, cinco profesores y profesoras de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile calificaron la última propuesta de Constitución como «regresiva» respecto del estándar «de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos».

«De cara al plebiscito constitucional, quienes suscribimos esta carta consideramos que la propuesta de nueva Constitución representa una oportunidad perdida y un claro retroceso frente a los avances que se han consolidado progresivamente durante la vigencia de la Constitución actual», parte señalando la carta, firmada por las docentes Viviana Ponce de León y Yanira Zúñiga, y los docentes Pablo Marshall, Alberto Coddou y Felipe Paredes.

Seguidamente, las y los académicos entregaron cuatro razones para votar En Contra:

«Primero, la propuesta es regresiva respecto del estándar de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos. Esto se materializa a través de cláusulas que impiden debates o derechamente suponen un retroceso en áreas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a la protesta, o la universalización y garantía de los derechos sociales, entre otros aspectos relevantes», indicaron las y los profesores de la U. Austral.

Seguidamente, advirtieron que la Constitución propuesta «merma la capacidad del Estado de actuar para la protección del bien común y especialmente de los más vulnerables de la comunidad».

Ejemplo de esto sería «la hiperinflación de las garantías que protegen los intereses de privados frente a la regulación estatal, y la constitucionalización de la mercantilización en áreas de actuación estatal preferente, como la salud, la educación y la seguridad social».

Los otros dos puntos señalados tienen que ver con la restricción de «debates democráticos legítimos acerca de los modelos de desarrollo y de realización de derechos fundamentales», y con la mantención del sistema político que hizo crisis en 2019.

«La propuesta no altera significativamente el proceso político que ha llevado a la crisis de representación y legitimidad de nuestro país. No da respuestas a los problemas de representatividad, fragmentación y debilidad de los partidos políticos, ni a la falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso», aseguraron las y los docentes.

Lee la carta completa a continuación:

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