Chile en venta: Gobierno abrió convocatoria para inversionistas interesados en explotar 26 salares de litio

Académicos, parlamentarios, especialistas, organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente, han alertado sobre los peligros que puede generar una privatización abierta, al entregar el litio a capitales foráneos, o a capitales privados corruptos, que se encarguen de la explotación a destajo del mineral y sin dejar valor agregado para el país.

Por Leonardo Buitrago

16/04/2024

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El Gobierno anunció este lunes el inicio del proceso para que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, presenten su interés en desarrollar proyectos para explorar y/o explotar yacimientos de litio en el territorio nacional.

El primer paso será la manifestación de interés y requerimiento de información (RFI, por sus siglas en inglés) por parte de los privados.

Por medio de este documento, las empresas interesadas deberán declarar qué salar desean explorar, explotar o procesar de entre los 26 disponibles. Así como cuánto planean invertir, qué tecnología utilizarán, su origen, historial financiero y bursátil, y su experiencia, entre otros datos.

El procedimiento se extenderá por 60 días y permitirá diseñar procesos de otorgamiento de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), basados en información actualizada.

“De acuerdo con lo anunciado a fines de marzo, y tal como estaba planificado, hoy concretamos un nuevo hito de la Estrategia Nacional del Litio con el inicio del RFI, que nos permitirá definir los yacimientos de litio sobre los cuales el Estado comenzará el proceso para la entrega de CEOLes, realizando previamente consulta indígena, en caso de que corresponda”, afirmó la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la inauguración de la Cesco Week 2024.

Williams explicó que las empresas interesadas tendrán hasta el 17 de mayo para hacer sus consultas, las cuales serán respondidas en un plazo de 10 días. Además, las declaraciones de interés se recibirán hasta el 17 de junio.

Se prevé que el 9 de julio se publiquen los resultados del procedimiento RFI y se informe cuáles salares que generaron mayor interés.

«En los últimos meses hemos trabajado con el compromiso de entregar certezas, con diálogo y participación de las comunidades, transparente, profesional y con visión de futuro para construir, entre todos y todas, una potente industria nacional del litio para el presente y futuro de Chile», señaló.

A jucio del secretaria de Estadio, el inicio de este proceso es un nuevo paso en esta dirección y se desarrollará en paralelo a las consultas indígenas por los CEOLes solicitados por Enami y Codelco, «que se encuentra realizando nuestro ministerio en la Región de Atacama, por lo que la Estrategia Nacional del Litio avanza a paso firme”.

En caso de que varios inversionistas manifiesten interés en el mismo salar, se abrirá un proceso de licitación. Asimismo, en situaciones donde las comunidades indígenas de la zona se vean afectadas, se llevará a cabo una consulta, aunque no sea vinculante por ley.

Por su parte, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó que desde hace un año cuando se produjo el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio ,» a través de InvestChile hemos estado en contacto con 97 compañías, de 12 países diferentes, quienes han manifestado su interés por ser parte de la industria del litio nacional».

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó que este proceso permitirá identificar qué salares cuentan con demanda y tienen potencial de desarrollo productivo, «para realizar todo el proceso que culmina en el otorgamiento de un Contrato Especiales de Operación de Litio (CEOL), incluyendo la consulta indígena en cada uno de esos casos”.

Marcel subrayó que con esta invitación “el sector privado tendrá el liderazgo y podrá asociarse con el sector público en el caso de los 26 salares que estarán abiertos a expresar interés”.

Según las proyecciones del Gobierno, los contratos para la explotación de litio podrían estar listos o en tramitación durante el primer trimestre de 2025, coincidiendo con el término del mandato del presidente Gabriel Boric, con entre tres y cinco nuevos proyectos.

Con la Estrategia Nacional del Litio, el Gobierno contempla un rol protagónico de las empresas públicas y con la participación de los privados en todos los proyectos, como socios en los salares con valor estratégico o impulsando proyectos de exploración y explotación propios, y estima un incremento del 70% antes de 2030.

Rechazo a la entrega de salares a los privados

Sin embargo, académicos, parlamentarios, especialistas, organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente, han alertado que ese plan puede generar una privatización abierta, al entregar el litio a capitales foráneos, o a capitales privados corruptos, que se encarguen de la explotación a destajo del mineral y sin dejar valor agregado para el país.

Las organizaciones socioambientales argumentan que los salares son ecosistemas frágiles vitales para la biodiversidad y las comunidades locales, proporcionando agua y sustento económico. Critican la falta de estudios sobre la hidrogeología y el valor socioambiental de estos territorios.

Recientemente, el directorio del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) manifestó su rechazo ala privatización total de la exploración y explotación de litio en un 18% de los salares, considerándola una concesión innecesaria que contradice los intereses nacionales. 

A través de una declaración, el centro planteó que la flexibilidad de la estrategia impñulsada por La Moneda, que permite a participación de actores privados nacionales y extranjeros en la explotación del litio, está equivocada y es antinacional, contraria a recomendaciones internacionales y prácticas de otros países productores.

En consecuencia, CENDA aboga por la exclusividad estatal en la explotación de recursos naturales estratégicos como el litio, recomendando asignar a empresas estatales como Codelco y Enami la responsabilidad exclusiva de exploración y explotación. Esta postura busca garantizar la propiedad estatal del recurso y el control total de las operaciones, con la posibilidad de asociaciones con privados si resultan ventajosas.

En su declaración, CENDA llamó a la movilización de organizaciones políticas y sociales para revertir la privatización propuesta.

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