En las últimas semanas de septiembre, Corfo envió a la Contraloría los contratos del polémico acuerdo entre Codelco y SQM, lo que prolongan la participación de la empresa de la familia Ponce Pinochet en la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060.
Según informó Codelco, junto con el visado de la Contraloría sólo falta la autorización de las autoridades regulatorias chinas para su concreción. Sin embargo, según detalló el diputado Cristián Tapia, quien presidió la Comisión Investigadora de la Cámara que recomendó al Ejecutivo no firmar el contrato con SQM, “la Contraloría no sólo debe visar la negociación encomendada por la Corfo, sino que también está revisando todos los antecedentes que le hemos entregado, respecto de las partes oscuras de la negociación y las multas anteriores que debió pagar SQM”.
Mauricio Daza, abogado y panelista de Stock Disponible comentó con El Ciudadano que “la Contraloría tiene derecho a pedir todos los antecedentes a Corfo. La Corfo es la que tiene que visar al final el contrato. En contra de lo que ha sostenido Pacheco, no estamos ante un contrato cerrado. Lo que falta es que el consejo de Corfo apruebe el texto de esos contratos, tarea de su consejo directivo de Corfo, integrado por varios ministros”.
La integración de Codelco y SQM en el proyecto Salar Futuro dejaría a la cuprífera estatal con el 50,01% del capital accionario, cero coma un porcentaje equivalente a una acción, que da una frágil mayoría en el control de la nueva empresa productora de carbonato de litio.
A comienzos de julio de este año el Informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que recomendó al gobierno no concretar dicho acuerdo fue respaldado por 96 votos a favor, tuvo apenas 2 en contra y 17 abstenciones.
El presidente de dicha comisión, el diputado Cristián Tapia, presentó el informe ante la Contraloría para su pronunciamiento. En tanto, según el comunicado emitido por la Corfo, la Contraloría la instancia fiscalizadora se limita a revisar las “resoluciones que aprueban las modificaciones de los contratos actuales sobre el arrendamiento de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama con SQM”.
Suscritos en 2018, los acuerdos vigentes entre Corfo y SQM por la explotación de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, establecieron un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del acuífero hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. A partir de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada al patrimonio público.
Los críticos al acuerdo argumentan que los nuevos contratos de alquiler firmados por Codelco a través de su filial Minera Tarar SpA, prolongan la participación de la compañía de la familia Pinochet hasta el año 2060, a un costo de “cero pesos”, según reconoció el propio gerente general de SQM, Ricardo Ramos ante una junta extraordinaria de accionistas en las que explicó el trato con Codelco.
El economista Camilo Lagos -quien participó en la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en Cochilco hasta el año 2017- calculó que el acuerdo tal como está subsidia con 5.200 millones de dólares a la empresa que Julio Ponce Lerou transfirió recientemente a Francisca Ponce Pinochet. En tanto, el patrimonio público pierde capturar unos US$ 4 mil millones al no operar directamente en el acuífero atacamaño o llamar a licitación.
Por su parte, el geólogo José Cabello, persona competente (QP) en minería y miembro del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), comentó a El Ciudadano que “la regla básica de la minería es si uno tiene un yacimiento de gran calidad, lo que debiera hacer es quedarse con él un cien por ciento”.
En una entrevista a El Ciudadano comentó que “no veo ninguna razón técnica y económica para ello -agregó- es vergonzoso lo que está haciendo Codelco y Enami de entregar de partida el 50%. Lo primero que hace uno que tiene un yacimiento bueno, piensa qué pasa si lo opero al 100 por ciento”.
Pacheco ha enfocado su gestión en concretar estos acuerdos de entrega de yacimientos a compañías mineras que son su competencia tanto en el mercado del litio como del cobre. Con la cobertura de la ‘complementariedad público-privada’, el presidente del directorio de la cuprífera estatal, además de entregar la mitad de la explotación del Salar de Atacama a SQM, hace lo mismo con la explotación del Salar de Maricunga, que operará a medias con Rio Tinto y se pone con el 80% de los yacimientos en el acuerdo que integra a Codelco Andina con Los Bronces, de propiedad de Anglo American, que pese a poner apenas un 20% de las minas, se llevará la mitad de las ganancias.
Para el economista y abogado Julián Alcayaga el acuerdo SQM-Codelco es inconstitucional. Haciendo una historia de la legislación minera chilena, Alcayaga argumenta que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional redactado por la Junta Militar que no ha sido abolida. “El Estado es el que tiene las reservas sobre el litio, es un derecho constitucional en todos los yacimientos donde se encuentra”- sostuvo.
EL COSTO OCULTO DE LAS NEGOCIACIONES
La revisión que debe hacer Contraloría implica el acceso a documentos que definieron aspectos claves del acuerdo, los que se han mantenido por fuera del escrutinio público a instancias del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien se negó a entregar información cuando fue requerido en el curso de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Pacheco fue el principal promotor del acuerdo con SQM al interior del gobierno de Boric, consiguiendo incluso asumir personalmente la negociación, pese a que las pertenencias mineras del salar atacameño pertenecen a Corfo. Esto fue autorizado por el consejo de Corfo realizado el 5 de octubre de 2023, presidido por el ministro de Economía de la época, Nicolás Grau, y al que también asistió el ex titular de Hacienda, Mario Marcel, además de José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. El acta de la reunión fue requerida por el periodista Víctor Cofre, sub-director de La Tercera y autor de una biografía de Julio Ponce Lerou, quien al momento de acceder al documento constató que de las 43 páginas, 33 están tajadas.
La negociación que siguió estuvo a cargo de Pacheco, quien pese a que a lo largo del proceso en varias ocasiones defendió su transparencia, en la práctica fue sólo una retórica para promover el acuerdo con SQM. Así lo constataron los diputados que integraron la Comisión Investigadora, ante quienes se negó a entregar el costo de las asesorías contratadas, escondió documentación y la que entregó estaba también tachada.
Ocurrió el 22 de enero de 2025, cuando Pacheco fue invitado a la primera sesión de la Comisión Investigadora sobre los negocios de Codelco con SQM y en el Salar de Maricunga, ocasión en que el máximo directivo de la cuprífera estatal se negó a dar pormenores de los costos de las asesorías económicas y jurídicas contratadas durante su gestión con Morgan Stanley, argumentando una cláusula de confidencialidad y la independencia de la cuprífera otorgada por la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco.
Requerido por el presidente de la instancia, el diputado Cristián Tapia, Pacheco no quiso detallar los costos de la asesoría con Morgan Stanley.
– No, les voy a mandar la respuesta – respondió Pacheco ante los atónitos parlamentarios. Tras una nueva insistencia de los parlamentarios, dijo: “Le quiero reiterar que este parlamento aprobó una ley de gobierno corporativo para Codelco. Tenemos como empresa que manejarnos comercialmente. Si hemos firmado un contrato con una cláusula de confidencialidad yo no puedo venir para acá y mostrarlo”.
La Ley de Gobierno Corporativo de Codelco (Ley N° 20.392) fue promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet, en 2009, modificando el Estatuto Orgánico de Codelco para establecer un directorio según el modelo de las sociedades anónimas. Así la cuprífera implementó un modo de designación de sus altos cargos según los parámetros de gestión empresarial, lo que abrió el directorio de la principal cuprífera del mundo a ejecutivos que han hecho carrera en mineras privadas o como asesores de transnacionales.
En la última sesión de la Comisión Investigadora, realizada el 4 de marzo de 2025, el miembro del directorio de Codelco, Eduardo Bitrán -reconocido como el articulador del actual acuerdo vigente entre Corfo y SQM para la explotación del Salar de Atacama- nuevamente se negó a entregar los cálculos hechos por Morgan Stanley que recomendaron la asociación con SQM para explotar el Salar de Atacama.
Bitrán argumentó que la confidencialidad respecto a los montos pagados a Morgan Stanley “es al revés. Nosotros exigimos confidencialidad a una empresa que transa en Estados Unidos y en Chile. El monto fue estándar, ni me recuerdo el monto. Le digo francamente que no lo tengo”.
Según comentó el diputado Cristián Tapia a El Ciudadano, “creo que sí o sí deberán entregar esos documentos a lo que no tuvimos acceso a la Contraloría. Hay que recordar que SQM fue multada por alterar la información de los pozos de registro de agua y hasta por la autoridad norteamericana en 2017 por corrupción”.
CODELCO NEGOCIÓ POR CORFO
La opacidad en la información despiertan sospechas considerando los altos costos que tienen este tipo de asesorías y las pérdidas de dinero que significan para la cuprífera estatal. Incluso, según ha destacado el abogado Mauricio Daza, la asesoría de Morgan Stanley tenía como incentivo llevar a buen puerto el acuerdo con SQM, lo que inclinaba obviamente las recomendaciones respecto del trato hacia su concreción.
La toma de razón de Contraloría y la entrega de los contratos de parte de Corfo abren la posibilidad de que sean conocidos en profundidad. El abogado, Mauricio Daza, comenta que “la Contraloría tiene que tener acceso a toda la información requerida por los contratos. Si bien, dada la ley de gobierno corporativo, no puede oficiar directamente a Codelco, si puede pedir los antecedentes directos a Corfo. La Contraloría si tiene la facultad de poder revisar los documentos de Corfo”.
Además de revisar la denuncia hecha por los diputados, la Contraloría debe tomar razón de los contratos que contempla la asociación con SQM, su legalidad y conveniencia para el Estado. También deberá validar la Consulta Indígena desarrollada por Corfo en el último año, la que pese al reclamo de algunas comunidades lickanantay del Consejo de Pueblos Atacameños, fue dada por efectuada por parte de Corfo.
Según el abogado, es posible que la Contraloría se pueda pronunciar sobre los actos de Codelco. “En este caso hay un elemento especial y es que Corfo es la que entregó un mandato para que representara en esta negociación -comenta Daza-. Cuando Codelco acepta este encargo, reflejada en la carta que manda Pacheco a Benavente, y en la que ellos se asumen como únicos representantes del Estado en esta negociación. De esta forma, al actuar en calidad de tales Contraloría se puede meter a revisar toda la negociación. No cabe duda que puede revisar y pedir antecedentes a Corfo y es plausible sostener que puede pedir antecedentes a Codelco, ya que en la negocición actuó como representante del Estado de Chile. Así quedó refrendado en las cartas de mayo de 2023 entre Pacheco y Benavente».
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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