Estudio revela que el 13% de los activistas que defienden el medio ambiente son asesinados

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A pesar de la crisis sanitaria mundial, provocada por la pandemia de COVID-19, el asesinato a defensores del medio ambiente en América Latina no cesa. El último caso es el de Marvin Damián Castro Molina, coordinador de la secretaria de la juventud del Movimiento Ambientalista Social el Sur por la Vida (MASSvida) de Honduras.

El riesgo que corren los activistas es muy alto. El 13% de las personas que defienden el medio ambiente son asesinadas cada año, un 18% son víctimas de violencia y un 20% de criminalización, tal y como revela un nuevo estudio elaborado con los datos del Atlas de Justicia Ambiental, una plataforma online que, desde 2012, cartografía los conflictos medioambientales en el mundo.

El estudio analizó 2.743 casos, las características de los defensores ambientales involucrados, las estrategias de movilización exitosas y los resultados de conflictos, además de su asociación con movilizaciones indígenas o no indígenas.

Uno de los objetivos planteados por la plataforma es el de contribuir a cerrar la brecha de la falta de investigación de los conflictos ambientales a nivel global y entenderlos mejor.

JOAN MARTÍNEZ ALIER: “ES INCONGRUENTE SACAR CARBÓN Y HABLAR DE QUE ...
Joan Martínez-Alier, coordinador del Atlas de Justicia Ambiental.

Joan Martínez-Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y fundador del ecologismo político, indicó que “el 40% de los casos los protagonistas pertenecen a pueblos indígenas“.

El también coordinador del Atlas de Justicia Ambiental explicó a DW que en el caso latinoamericano, que registra el 25% de los conflictos medioambientales en el mundo, “hay más indígenas muertos en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, pero también hay algunos en Ecuador, Chile y Argentina”.

Indicó que la alta participación de los pueblos originarios en este tipo de conflictos se da porque “se defienden más que las otras poblaciones contra las depredaciones ambientales”.

América Latina registra el 25% de los conflictos medioambientales en el mundo.

Agresiones en América Latina

El hecho de que la cuarta parte de los conflictos medioambientales se registren en América Latina, se explica porque es una región rica en recursos y con un alto número de activistas.

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La promoción del modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de un gran número de defensores sociales y ambientales”, recordó a DW Erika Castro Buitrago, investigadora en Derecho Ambiental en la Universidad de Medellín (Colombia).

“En este modelo no existe un especial interés por el diálogo y la mirada a concepciones alternativas del ambiente y los derechos humanos”, agregó.

La existencia de grandes recursos y los intereses que estos generan han hecho proliferar movimientos locales, que pueden llegar a unos quinientos, contra conflictos por acceso a tierras, agua y minería.

Martínez-Alier calculó que “quizás hay unos cinco mil activistas ecologistas activos en América Latina, más de la mitad mujeres”.

Por su parte, Georg Dufner, director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), indicó a DW que el principal problema que sufren los pueblos indígenas latinoamericanos es justamente la debilidad, la ausencia, la falta de acceso, o la corrupción del sistema judicial en el subcontinente”.

Imagen: El Diario Exterior.

Defensa y resistencia

De acuerdo con el estudio del Atlas de Justicia Ambiental, los activistas medioambientales consiguieron detener el 11% de los 2.743 conflictos ambientales en todo el mundo a través de diversos tipos de acciones.

Lo más efectivo es mezclar varias formas de movilización y sumar fuerzas”, indicó el coordinador de la plataforma, Joan Martínez-Alier, quien destacó el apoyo que pueden prestar científicos, profesionales o grupos religiosos a las causas que defienden campesinos indígenas.

En el caso latinoamericano, se refirió el uso de las consultas populares destacando el éxito de las de Esquel en Argentina, Tambogrande en Perú y La Colosa en Tolima (Colombia).

“A veces se dan bajo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a poblaciones indígenas, y otras por pura democracia local, para decidir sobre un proyecto minero y de extracción de petróleo, etc”, recordó.

Con información de DW y Forbes México.

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