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Estrategia de Washington se enfoca en bloquear la entrada de alimentos y medicinas

La orden de Trump es recrudecer las sanciones para que Venezuela enferme y no coma

El plan sedicioso que promueve Estados Unidos tiene como meta que la gran mayoría de la población venezolana tenga serios problemas para acceder a los alimentos y medicinas, y que así su calidad de vida empeore a tal punto que la implosión social sea inevitable


Tras el fracasado intento de alzamiento militar del pasado 30 de abril, con el que el Gobierno de Estados Unidos pretendía sacar del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la estrategia de la Casa Blanca apunta a recrudecer las medidas coercitivas unilaterales para asfixiar cada vez más a la población, con el objetivo de inducir y generar una verdadera crisis humanitaria producto del bloqueo al acceso de medicinas y alimentos, por todas las vías posibles.

Lo han dicho los propios voceros de Donald Trump. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional; Mike Pompeo, secretario de Estado; y Elliott Abrams, de dedicación exclusiva para Venezuela; lo tienen claro: más que una invasión militar, lo primordial es buscar asfixiar a la población, no sólo económicamente, sino también quitándole el acceso a medicinas y alimentos para provocar una implosión social que termine restándole apoyo popular a Maduro, justificar la intervención y en consecuencia derrocarlo para adueñarse del poder político.

Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia, el Gobierno estadounidense ha ejecutado distintas estrategias para acabar con el modelo político en Venezuela. Pero, desde 2014 las acciones de Washington contra Caracas han sido cada vez más directas y con graves consecuencias para la sociedad venezolana.

Comenzó de manera notoria el 30 de julio de 2014, cuando el expresidente Barack Obama impuso una serie de sanciones coercitivas contra varios efectivos de seguridad venezolanos, por dirigir las acciones antimotines contra grupos armados de oposición que fueron responsables de ejecutar acciones violentas de calle que dejaron 43 personas asesinadas, miles de heridas, torturadas y mutiladas, además de multimillonarios daños a la propiedad privada y pública.

La nueva fase del plan sedicioso de Washington contra Venezuela es negar el acceso a los alimentos

Por esos hechos fue condenado Leopoldo López, líder del grupo sedicioso Voluntad Popular, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia venezolana -protegido por la embajada de España- tras escaparse con apoyo de sus custodios y de Juan Guaidó, entre otros opositores, del beneficio procesal de casa por cárcel que tenía mientras cumplía condena.

En aquel momento, el Departamento de Estado aplicó medidas coercitivas contra Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Antonio José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional; Justo José Noguera Pietri, titular de la Corporación Venezolana de Guayana; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector general de Sebin; y Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional.

También se incluyó en ese listado a la fiscal pública Katherine Nayarith Haringhton Padrón, quien llevaba las acusaciones contra varios miembros de la oposición con responsabilidad en las acciones violentas, incluida la exdiputada María Corina Machado y el exalcalde de Caracas y actual prófugo de la justicia, Antonio Ledezma.

Ocho meses después, la administración Obama llegaría al punto máximo para comenzar una persecución económica, diplomática y financiera contra Venezuela, mediante la imposición de un férreo bloqueo que se vuelve más cruento a medida de que Washington impone más medidas coercitivas.

La Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015 fue firmada por Obama como una declaratoria de «emergencia nacional» por la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad estadounidense y a la política exterior que, para Washington, representa Venezuela.

Barack Obama ordenó las primeras sanciones unilaterales contra Venezuela en 2014. Foto: Agencias

El pretexto de Obama fue su supuesto compromiso «por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela», cita un comunicado que difundió el Gobierno estadounidense ese mismo día.

Cuatro años después, las acciones reales de Washington -esta vez de la mano de Donald Trump- hacen ver que «los flujos financieros» de Venezuela, aunque provengan de un gobierno que la Casa Blanca califica de «corrupto», «dictatorial» y «usurpador», no son tan amenazantes cuando pueden ser bloqueados y administrados por ellos mismos, así esto sea contraproducente para los venezolanos.

Estas «sanciones», como las llama la administración estadounidense, no son más que medidas para bloquear al país sudamericano desde todos los flancos: diplomático, económico y financiero. Incluso, fueron calificadas en su momento como «un proceso normal» que ya Washington ha aplicado en Siria, Irán, Birmania, entre otros países soberanos que no son complacientes con la Casa Blanca.

Además, en ese momento, funcionarios norteamericanos indicaron a la agencia de noticias Reuters que declarar a un país «una amenaza a la seguridad nacional» es el primer paso para iniciar una política de sanciones.

Parte del asedio que vive Venezuela se evidencia en su embajada en Washington, donde los residentes son sometidos a la negativa de suministro de energía eléctrica, agua y alimentos por grupos apoyados por Trump. Foto: Web

Miles de millones de dólares y euros de Venezuela están secuestrados

El 28 de enero de 2019, John Bolton anunció que el Gobierno de Trump congelaría 7.000 millones de dólares de activos venezolanos en territorio estadounidense y bloquearía otros 11.000 millones en ingresos estimados de las ventas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que pertenecen a su sucursal Citgo, empresa que cuenta con tres refinerías, una red de oleoductos y más de 5.000 gasolineras en la costa este del país norteamericano.

La jugada de la Casa Blanca es precisamente para aumentar el bloqueo económico contra Venezuela y evitar que el Gobierno venezolano acceda a los ingresos petroleros que le pertenecen. En otras palabras, es un robo a todas luces que realiza Trump y sus amigos.

Pero, la presión financiera contra Venezuela va más allá y países aliados a EE. UU. se han sumado al bloqueo de capitales venezolanos en el exterior, incluso en las transacciones que realiza Venezuela para cancelar sus compromisos con otros países.

«El Gobierno de Donald Trump nos ha secuestrado 10.000 millones de dólares en cuentas bancarias y otros miles de millones en oro en Londres que son nuestros, dinero con el que íbamos a comprar alimentos, medicinas, e insumos», ha denunciado el presidente Maduro en reiteradas ocasiones.

Juan Guaidó es sólo la ficha utilizada por Estados Unidos para intentar tapar su injerencia. Foto: Agencias

El bloqueo contra Venezuela es ejecutado por EE. UU. pero cuenta con la complicidad de actores de oposición venezolanos como Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, entre otros, que bajo el auspicio de la Casa Blanca pretenden imponer un Estado paralelo venezolano desde el autoexilio.

De acuerdo con Carlos Paparoni, diputado que pertenece a ese sector opositor radical, el plan es atacar 70 cuentas del Estado venezolano en el extranjero para robar esos recursos e impedir que el Ejecutivo tenga acceso a ellas.

El agente político asegura que ellos han interceptado, con apoyo de gobiernos lacayos de Estados Unidos, más de 3.200 millones de dólares en «activos líquidos» de Venezuela en el extranjero y «unos 8.000 millones de dólares» en inmuebles. A estos recursos sí tendrían acceso Guaidó y sus «voceros», como por ejemplo las cuentas venezolanas en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York y otros bancos en Estados Unidos.

Carlos Paparoni pertenece a Primero Justicia, uno de los partidos que han participado continuamente en planes golpistas. Foto: Web

Además, el Banco de Inglaterra tiene represado en sus arcas más de $ 538 millones pertenecientes a Venezuela, en al menos 14 toneladas de oro que la entidad financiera se ha negado a entregar.

Esa cifra se habría incrementado a 1.300 millones de dólares, luego de que Venezuela devolviera a Deutsche Bank AG fondos que le había prestado a través de un acuerdo financiero que permite utilizar el oro como colateral, reportó la agencia Reuters. Parte de ese oro era negociado con el gobierno de Turquía para la compra de alimentos.

Pero además de ese dinero, el presidente Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que el sistema de liquidación de activos Euroclear tiene «secuestrados» 1.400 millones de dólares que estaban destinados a importar medicinas contra la diabetes y contra el cáncer.

De la misma forma, el Gobierno de Portugal ha raptado más de 2.000 millones de dólares para la compra de medicinas. Esto también lo confirma el opositor Paparoni a BBC Mundo, al recordar que el pasado 5 de febrero la entidad Novo Banco bloqueo una transacción de Venezuela por $ 1.200 millones que tenían como destino «bancos uruguayos».

«La transacción se había detenido para proteger los recursos de todos los venezolanos», aseguró Paparoni citado por BBC.

En octubre de 2018, el banco suizo Hyposwiss Private Bank cerró las cuentas de la empresa proveedora de alimentos Kabuco, lo que paralizó el pago por 15,9 millones de euros para un buque con más de 90.000 toneladas de torta de soya destinadas a Venezuela.

Elliott Abrams fue responsable de distintas masacres perpetradas por Washington en intervenciones militares realizadas en décadas anteriores. Foto: Web

El bloqueo criminal que recrudece se evidencia también en el programa de atención social que distribuye alimentos a más de seis millones de familias, llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De acuerdo con recientes declaraciones de su coordinador, Freddy Bernal, el programa es actualmente boicoteado por las medidas de Estados Unidos y las sanciones que ese país aplica a las navieras que traen los alimentos a Venezuela.

Al respecto, Bernal detalló que al menos ocho buques mexicanos han sido sancionados por Washington, razón por la cual la meta de que estos rubros alimenticios llegaran a los hogares cada 15 días no podrá cumplirse, porque incluso lograr abastecer una vez al mes se ha convertido en «una lucha».

Las cajas Clap son entregadas a grupos familiares a un precio subsidiado por el gobierno venezolano

El bloqueo financiero, económico y diplomático contra Venezuela es un hecho. Así se puede observar como la supuesta «ayuda humanitaria» de Estados Unidos es sólo una excusa para entrar al país de forma ilegal y abrir una brecha que les permita apoderarse del poder político.

De hecho. se confirma que la tan anhelada crisis humanitaria en el país caribeño es practicamente alentada por Washington, en su obsesión por controlar al país con más reservas probadas de petróleo del planeta.

Tanta es la desfachatez de Washington que durante la Cumbre de las Américas de 2018, los gobiernos de Trump y de Iván Duque (Colombia) acordaron acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos que requiere la población.

El propio Duque confirmó la postura para asfixiar a Venezuela, tras el fallido intento de invasión por la ciudad fronteriza de Cúcuta el pasado 23 de enero, cuando dijo que en el seno del autodenominado Grupo de Lima se encargarán de hacer todo lo posible por aumentar el cerco diplomático y económico, un discurso que refleja la doble moral de estos países que fundamentan sus acciones en «la recuperación de la democracia» y en «ayudar» al pueblo «necesitado» de Venezuela.

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro hace todo lo que está en sus manos para traer medicinas y alimentos, a través de países aliados como Rusia, China, Turquía, Irán, India Nicaragua, México, Bolivia, entre otros.

Por otro lado, también realiza gestiones concretas con la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional para traer medicamentos al país y atender a pacientes priorizados.

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