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Activistas envían carta a Piñera exigiendo que suscriba el Acuerdo de Escazú

El acuerdo incluye tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños.

Activistas envían carta a Piñera exigiendo que suscriba el Acuerdo de Escazú

Autor: Leonardo Buitrago
12/09/2020

Luego de que el canciller Andrés Allamand anunciara que el gobierno no firmará el pacto de Escazú, argumentando que “no es conveniente para Chile”, este sábado más de 20 dirigencias y activistas medioambientales del país enviaron una misiva al Presidente Sebastián Piñera, solicitando que desista de esta decisión y suscriba el tratado antes del 26 de septiembre, fecha en que vence el plazo para sumarse.

En la carta titulada “Un compromiso con los derechos humanos y el medioambiente: Chile debe firmar el Acuerdo de Escazú”, los representantes de las diversas organizaciones ambientalistas criticaron las declaraciones del ministro Allamand y señalaron que son “contradictorias y sin sustento para un Gobierno que dice tratar los temas ambientales como prioridad, pero que al momento de ‘firmar’ pactos o ‘liderar’ acuerdos como la COP 25 han fracasado”.

El escrito recuerda que Chile es uno de los 20 países con mayor cantidad de conflictos socioambientales del mundo. Además, precisa entre algunos de los factores asociados a las “actividades altamente contaminantes e invasivas como los proyectos mineros”, “la débil institucionalidad ambiental” y lo riesgoso de ser activistas medioambientalistas o ecologistas.

Entre las razones que se exponen en la carta para que Piñera decida cambiar su decisión se encuentran que el acuerdo“es un avance en las demandas territoriales; en el acceso a la información; la participación pública de las comunidades para proteger los ecosistemas que habitan; en la democracia ecológica y en la defensa de los derechos de las dirigencias sociales”.

Al respecto, Nataly Campusano, presidenta de la Fundación Territorios Colectivos, manifestó que «interpelamos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para que firme el Acuerdo de Escazú y deje de pensar en los intereses del gran empresariado, se mueva por el medio ambiente, por la democracia territorial y por la protección de quienes día a día resisten el extractivismo que se vive en Chile”.

Por su parte, el líder de la campaña Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld, criticó las palabras del ministro Allamand: “Esto constituye sin duda una falta de respeto para las comunidades, para los territorios que hoy en día no cuentan con las herramientas suficientes para hacer valer y respetar sus derechos”.

“Esperamos que este 22 de septiembre, cuando el ministro tenga que dar la respuesta oficial del Estado de Chile por la firma de Escazú, tome una decisión responsable y pensando en el futuro, y anuncie la firma del Estado de Chile en Escazú”, agregó, citado por El Desconcierto.

A su vez, la activista ecofeminista por Petorca, Bárbara Astudillo, indicó que “en Chile no existe la democracia ecológica, no existe participación vinculante, nos hacemos gárgaras de una socialdemocracia cuando el territorio no puede decidir e incidir en políticas públicas, sobre todo sabiendo que al defender el medioambiente no hay protección, por eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades no colocar la firma en Escazú”.

Acuerdo de Escazú: ¿Es importante su ratificación? - Clima de cambios PUCP

El Acuerdo de Escazú, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) es el primer tratado multilateral en la región sobre asuntos ambientales y brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular.

Desarrolla tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Además, incluye disposiciones sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El pacto, que fue impulsado en un comienzo por Chile y Costa Rica, tiene como fecha para su entrada en vigencia el próximo 26 de septiembre y los países de la región tienen hasta ese día para ratificar su suscripción.

A la fecha solo han firmado 22 naciones, y tan sólo nueve lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay.

Sin embargo, el Acuerdo de Escazú, solo puede hacerse efectivo una vez que se obtengan 11 ratificaciones.

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