Incentivos para un nuevo modelo forestal sustentable

Chile precisa de un cuerpo legislativo serio y responsable. Extender por 20 años más el subsidio a la forestación de pino y eucalipto, equivale a extenderle un jugoso cheque de nuestros impuestos a las grandes empresas forestales para que sigan expandiendo su negocio en otros países y controlando cada vez mayores porciones del negocio.

La lengua de sedimentos del río Bío-Bío se extiende mar adentro  por más de 350 kilómetros desde su desembocadura,  visible desde el espacio exterior.  Una de las cuencas más intervenidas por el sector forestal en los últimos 50 años, aporta cada año millones de toneladas de suelos al mar y su desembocadura se ha embancado  de manera alarmante en las últimas tres décadas. El otrora navegable río Bío-Bío, se ha convertido en una cuenca altamente intervenida y contaminada, con efectos perversos para sus habitantes y para quienes dependen de las pesquerías que este rico  estuario alguna vez reprodujo y mantuvo equilibradamente.

La mayor área de la cuenca ha sido intervenida con plantaciones forestales exóticas de rápido crecimiento, principalmente de pino insigne, también conocido como Pinus radiata, y especies del género Eucalyptus con casi cuarenta años de de subsidios forestales a través del famoso Decreto Ley N° 701 de 1974 que se supone debiera promover la protección de suelos como eje central.   Otras subcuencas menores, como la que aporta aguas a la ciudad de Nacimiento (río Vergara y afluentes) también altamente intervenidos por el sector forestal por más de 50 años presentaría una prevalencia alarmante de cáncer gástrico (en torno al 88,7 %) según la SEREMI de Salud, lo que ha motivado la intervención del Ministerio de salud y una investigación sobre la calidad de las aguas. El subsidio a especies exóticas ha generado un alto uso de herbicidas y plaguicidas con graves impactos en la salud de sus habitantes y en la calidad del agua. Los costos los paga la sociedad en su conjunto.

LAGO LANALHUE

No mucho más lejos, pero en la misma región en la zona de Arauco, el área  con mayor densidad y cobertura de plantaciones, el lago Lanalhue  es testigo visual de una “muerte anunciada”. El  flujo de suelos y fertilizantes desde las cuencas aledañas ha generado un acelerado proceso de “envejecimiento” o eutrificación del lago.  Además, los principales ríos que aportan a la renovación de este lago, han sido ampliamente plantados con pino y eucalipto cuya alta demanda de agua ha impactado drásticamente  en sus  caudales, como en el caso de los ríos Elicura y Calebu que han sido convertidos en canales y arroyos durante el verano y sus aguas se vuelven turbias durante las faenas forestales afectando gravemente la calidad de los sistemas de agua potable que se abastecen de estas cuencas.  Este año al iniciarse las lluvias, el sedimento ha saturado los filtros de agua potable que deben ser limpiados cuatro o más veces al día, y aun así la calidad del agua es dudosa según sus habitantes.

Así lo establecen denuncias recientes de directivos del agua potable a las agencias que “certifican” a las empresas forestales.  Denunciar ante “las autoridades”, como CONAF y otros, es “perder el tiempo pues no nos pescan”, dicen los directivos.  Quizás los mercados, sean más receptivos a demandar  un cambio de  modelo forestal que pide a gritos drásticos cambios para lograr legitimidad social y ser un agente de desarrollo local.

SUBSIDIOS A LAS FORESTALES

Casi cuarenta años de subsidios  de los “escasos recursos públicos” para promover la expansión acelerada del monocultivo forestal, altamente concentrado en dos familias, Angelini y Matte, que conforman un duopolio que apenas permite la subsistencia de algunas empresas en un estrecho 15% del “negocio forestal” que sigue reduciéndose, es  asegurar una transferencia directa de subsidios a dos de las mayores empresas forestales del mercado global de fibra de celulosa.  El control que ejercen sobre los precios es tal que camioneros, así como abastecedores pequeños y medianos de “metro ruma”, apenas subsisten con sus inversiones y crecientes deudas como proveedores de las plantas de celulosa cada vez más grandes y demandantes de materia prima. La celulosa,  el “oro blanco” que sostiene la industria forestal y que reporta gigantescas ganancias  le ha permitido a estos dos gigantes forestales expandirse y comprar plantaciones, plantas procesadoras y tierras en Argentina, Brasil, México, Uruguay y Colombia.

Esas mismas plantas pagan menos patentes que el negocio de la esquina de la “señora Juanita”.  Gigantescos complejos industriales que pagan menos de $30 mil pesos al año en patentes a los municipios  y cuyos aportes monetarios al desarrollo económico local es también en “mano de obra y empleo estacional”. De ahí las vergonzosas cifras del Indice de Desarrollo Humano y de pobreza de las comunas “tradicionalmente forestales”, como Curanilahue.

Extender por 20 años más el subsidio a la forestación de pino y eucalipto, equivale a extenderle un jugoso cheque de nuestros impuestos a las grandes empresas forestales para que sigan expandiendo su negocio en otros países y controlando cada vez mayores porciones del negocio en Chile, imponiendo sueldos bajos, bajas tarifas de transporte y externalidades crecientes a toda la sociedad. Los promotores del proyecto que actualmente se discute en el Congreso Nacional, señalan que sólo los pequeños y medianos propietarios forestales serán beneficiados, y que han modificado el tamaño de los segmentos en comparación con el decreto ley N° 701 que expiró el 31 de Diciembre de 2013. En el papel puede estar bien establecido, pero la pregunta es quién finalmente se beneficia, si quienes controlan los precios y compran la materia prima son finalmente las grandes empresas. Por otro lado, las plantaciones forestales con monocultivos forestales de rápido crecimiento no protegen los suelos como el bosque nativo, como demuestran claramente las cuencas más intervenidas por el sector forestal. La calidad y disponibilidad  de las aguas, el gran desafío para la salud y el futuro de Chile, especialmente para la agricultura en tiempos en que el cambio climático  impone sequías largas y cada vez más duras, y lluvias torrenciales acumuladas en pocos días, debiera ser una prioridad de la política de estado de todos los ministerios, especialmente del MINAG y sus subsidios.

Luego de 40 años de subsidios a una actividad, su renovación por 20 años más debiera ser materia de cuidadoso debate  basado no en ideas preconcebidas, sino en acuciosos estudios y evaluaciones técnicas y sociales.  El efecto de la política forestal ha generado concentración de la propiedad a tasas desconocidas en la historia de Chile. Dos familias con casi dos millones de hectáreas y con un férreo control del mercado, no son garantía de un modelo sustentable y con equidad social.

Tampoco hay una adecuada protección a la biodiversidad, al paisaje y sus valores; mucho menos protección adecuada de las fuentes de agua y los valores culturales asociados con trayenkos y menocos, ni de los sitios de relevancia cultural de pueblos orIginarios.  La pérdida del agua, su abundancia y calidad,  está a la base de las reclamaciones de los pequeños propietarios, mapuche y no mapuche en comunas del Bío-Bío y Araucanía.   Los estudios encargados sobre el impacto social y ambiental de las plantaciones no han sido ampliamente divulgados y menos aún considerados en el breve y casi ausente debate en las cámaras legislativas, especialmente en la cámara de diputados, donde se “votó en bloque” y sin escuchar ni evaluar la experiencia anterior.  ¿Qué porcentaje del dinero de los contribuyentes  llegó a los pequeños propietarios  en estos casi 40 años y cuánto les llegará si se extiende tal y como está propuesto la extensión del 701?. Falta una evaluación social y ambiental del D.L. N° 701 antes de iniciar cualquier discusión al respecto.

No hay subsidios similares, ni tan generosos como el forestal  para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, ni siquiera para  el desarrollo de la energía solar en el desierto con más energía solar en el planeta.  Tampoco hay un subsidio similar y equitativo para el manejo sustentable y la restauración del bosque nativo, que mediante el sistema de concursos – al igual como se propone en el proyecto de ley del ejecutivo – , asigna escasos recursos a la protección de la biodiversidad, y  cuya evaluación señala que ha sido un gran fiasco. Sólo el 3% de los fondos han sido ocupados en tres años de implementación de la ley.

EFECTIVA PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

Chile precisa de un cuerpo legislativo serio y responsable que pueda tomar decisiones basadas en la mejor ciencia y no en la presión que el ejecutivo o los lobistas de las grandes empresas puedan realizar.  Resguardar el uso de nuestros aportes tributarios y orientarlos hacia una economía que genere equidad, el área más deficitaria en el actual modelo económico; que genere protección de la biodioversidad y de los servicios ecosistémicos que sustentan la calidad de vida y los sistemas productivos; que amplifique el bien común; que genere más y mayores innovaciones para ampliar la base de recursos y de empleos a nivel regional y local ; que mejore la “adaptación” ante un cambio climático que se agudiza; que garantice la asistencia técnica permanente a miles de pequeños y medianos propietarios; que regule las malas prácticas forestales, como también la intensidad y extensión de las talas rasas,  y que para un país vulnerable como Chile, es una tarea ineludible.

Existe hoy una oportunidad magnífica para avanzar hacia una “economía de la restauración” que integre los esfuerzos por proteger las cuencas y su biodiversidad con aportes creativos y con mano de obra local. Los mercados internacionales ya no premian la inequidad social ni la destrucción ambiental,  y por el contrario comienzan a ser más exigentes con el resguardo del conocimiento, la cultura  y el bienestar de las comunidades locales exigiendo adopción de estándares socio-ambientales cada vez más exigentes. Nuestros parlamentarios ¿están viendo esta oportunidad?

Necesitamos una ley de fomento forestal que frene los males y que potencie los bienes,  las oportunidades de tejer economías locales y regionales sustentables, con justicia, en paz, sin zonas de sacrificio, sin comunidades reprimidas por fuerzas policiales resguardando camiones forestales.  Es tiempo de crear instrumentos para la paz y la sustentabilidad y para educar en la sana convivencia y la recreación del bien común. Un debate que toma tiempo, y debe incluir todas las miradas y aportes, no solo la presión de quienes “presionan la política” con sus recursos e influencias.

 Bernardo Reyes Ortíz

*Ecólogo y director de Etica en los Bosques