Macarena Chahuán, periodista chilena-palestina de 33 años, fue interceptada en aguas internacionales mientras viajaba en el Yaffa, embarcación de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. Su entorno exige a Cancillería actuar de inmediato para conocer su estado, aclarar su situación jurídica y garantizar protección consular.

Lo que denuncia no es sólo la violencia material, sino también el aparato discursivo que la recubre con palabras nobles. Ahí reside su filo intelectual: desenmascarar el modo en que el imperio ha aprendido a hablar el idioma de la libertad mientras perpetúa la exclusión, la destrucción y el despojo.

A través de sus redes sociales, la Flotilla informó que "nuestros barcos fueron abordados por lanchas rápidas militares, que se identificaron como 'Israel', apuntando láseres y armas de asalto semiautomáticas, ordenando a los participantes que se dirigieran a la proa de los barcos y se pusieran de rodillas con las manos en la cabeza", indicando además que se ha perdido la comunicación con 11 embarcaciones.

Las fuerzas israelíes derriban la casa soñada por una familia palestina como parte de la expansión de los asentamientos y el desplazamiento forzado de comunidades cerca de Jerusalén

Desde la Flotilla Global Sumud indicaron que la incorporación de nuevos barcos desde Italia refleja la creciente negativa internacional "a aceptar el bloqueo, el hambre y el castigo colectivo", impuesto por Israel a Gaza "como algo normal"

Israel ha violado continuamente el alto al fuego y desde el 11 de octubre, cuando entró en vigor el acuerdo, 777 palestinos han sido asesinados durante ataques lanzados por Tel Aviv mientras que más de 2 mil han resultado heridos

La organización calificó el acto en el Líbano como una grave ofensa a la fe y denunció que estos hechos forman parte de un patrón de persecución y limpieza étnica que afecta a las comunidades cristianas en toda Tierra Santa: "No debe ser presentado como una excepción, sino como parte de una política sistemática de agresión que ha golpeado históricamente a comunidades cristianas, sus templos y su clero, tanto en Gaza como en Jerusalén y el sur del Líbano", indicaron.

Organismos internacionales han documentado un patrón sistemático de violaciones: la Cruz Roja Internacional denunció en noviembre de 2025 que se le impide visitar a los detenidos palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Human Rights Watch acusó a las autoridades israelíes de someter a prisioneros —incluidos niños— a tortura, violencia sexual, privación de alimento y atención médica.

La Fiscalía General de Estambul también acusó al primer ministro israelí y 34 funcionarios de cometer tortura contra los activistas que fueron detenidos y encarcelados ilegalmente mientras intentaban entregar ayuda humanitaria y romper el bloqueo que mantiene el régimen sionista contra Gaza

Legisladores solicitaron "al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno del Estado que adopten todas las medidas necesarias para proteger esta iniciativa, incluyendo la provisión de protección diplomática y consular a las personas participantes, mediante las acciones que resulten pertinentes".