El Ministerio de Justicia instruyó al Programa de DDHH y a los abogados de éste, a no presentarse a alegar en casos en que los condenados por violaciones a los derechos humanos soliciten cambiar o reducir sus penas. Para la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), un acto administrativo como este, "que no ha sido motivado e informado, se transforma en un acto ilegal y arbitrario".