El proyecto del SAG para regular semillas no certificadas impone requisitos inalcanzables para campesinos e indígenas, crea un registro obligatorio y la figura del "representante de variedad" sin control, abriendo paso a la privatización. ANAMURI, Alianza por una Mejor Calidad de Vida y RAP-Chile, rechazan la medida por criminalizar el intercambio tradicional y vulnerar la soberanía alimentaria.