La Conferencia de la ONU sobre los Océanos (Niza, 9-13 junio 2025) reunió a Estados Miembros y referentes de la sociedad civil, como el pueblo mapuche y territorialidades williche-lafkenche, para abordar amenazas como industrias extractivas y conservación excluyente. Mientras sectores políticos en Chile debaten debilitar la Ley Lafkenche, la Relatora de la ONU Astrid Puentes destaca en su artículo en El País sobre la lucha mapuche por la protección costera.

Fundación Terram publicó una investigación sobre la salmonera AquaChile, revelando que la empresa -filial de Agrosuper y la mayor productora de salmones del país- ha eludido sistemáticamente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en nueve centros de cultivo ubicados dentro de áreas protegidas en la Región de Aysén, produciendo más de 73 mil toneladas por sobre lo autorizado originalmente.

El gobierno de Puebla prioriza rutas clave para la protección civil en su programa de bacheo urbano, invirtiendo hasta 50 millones de pesos.

Gobierno insiste en licitar embalse Punilla para ser instalado en el río Ñuble, San Fabián, pese a ilegalidades y oposición comunitaria.

"La justicia ambiental está hecha a la medida de la industria, sin considerar el conocimiento científico de la zona, la protección del medio ambiente y la voz de las comunidades locales", criticó Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile.

Medidas de ajuste impulsadas por Trump afectarían significativamente la compilación de datos que realiza la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, datos de los que Chile depende en gran medida, siendo un país altamente vulnerable a fenómenos sísmicos, hidrometeorológicos y a erupciones volcánicas.

Informe resaltó el hecho de que se reportaron muertes por ahogamiento y accidentes en la costa durante este evento, a pesar de que la alerta de marejadas había sido emitida con anticipación en Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

En la comunidad hubo disconformidad. Angelo Bórquez, dirigente de la junta de vecinos de Peñablanca, afirmó que la multa les parece más bien "un saludo a la bandera".

Las quejas apuntan tanto al ruido proveniente de los eventos musicales masivos, como de las labores de montaje, desarme, limpieza y mantención posteriores a los espectáculos.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República e incluye la mención de posibles cómplices