Bolsonaro: «Los chicos morirán en las calles como las cucarachas. Y tiene que ser así»

El ultraderechista sostiene que la policía brasileña está librando una batalla «desigual» contra el crimen y solo una «cobertura legal» que proteja a los oficiales de policía que usan la fuerza letal en el cumplimiento de su deber disminuirá los índices de violencia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha caracterizado, incluso desde su campaña presidencial, por soltar frases polémicas, ruidosas, que incitan al odio, al racismo, a la homofobia y otros tipos de fobias. Siempre se las arregla para salir a relucir en los titulares de prensa, pero no por logros de su gestión, sino por su verbo tosco e irrespetuoso. No por nada hay quienes lo bautizaron «el Trump» de Surámerica.

Lo más nuevo del mandatario brasileño se dio en una entrevista con el canal de YouTube de la periodista Leda Nagle, publicada este lunes. Cuando se le preguntó qué tiene pensado hacer para resolver el problema de la violencia en Río de Janeiro y, en general, en Brasil, se refirió a un «curioso» proyecto de ley que enviará al Congreso.

Resulta que ese proyecto, según el diario O Globo, está destinado a dar «respaldo legal» a los cuerpos policiales y de seguridad, para que puedan usar armas de fuego en sus operativos sin correr el riesgo de ser procesados por la justicia cuando disparen o usen la fuerza contra presuntos delincuentes.

Pues, a juicio del jefe de Estado, la violencia caerá «aterradoramente» si excluye la ilegalidad en la protección de la vida y la propiedad. Seguidamente expresó la frase polémica: «Los chicos morirán en la calle como las cucarachas. Y tiene que ser así», en referencia a los presuntos delincuentes.

«El malo tiene más derechos que el buen ciudadano. Estoy enviando un proyecto que tendrá dificultades para ser aprobado, pero no tiene otra alternativa. Tenemos que dar un respaldo legal a la gente de seguridad: civil, militar, federal, policía de carreteras (…) En operativos, ellos tienen derecho a usar el arma que tienen alrededor de su cintura, irse a casa y al día siguiente ser condecorados, no procesados”, enfatizó.

De esta manera, Bolsonaro espera que el Congreso apruebe sus controvertidos planes para expandir el llamado excluyente de ilicitud, un artículo en el código penal de Brasil que hace que algunos actos normalmente ilegales sean permisibles.

¿Una batalla desigual?

Su justificación es que la policía brasileña está librando una batalla «desigual» contra el crimen y solo una «cobertura legal» muy necesaria para los oficiales de policía que usan la fuerza letal en el cumplimiento de su deber provocaría una caída «dramática» de la violencia.

En ese orden de ideas, el presidente Bolsonaro también adelantó en la entrevista que no tiene intención de emitir nuevos decretos de Garantía de la Ley y el Orden que autoricen el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta que pueda aprobar el cambio en la legislación.

Es por ello, aseguró, que no ha autorizado las medidas porque debe asumir la responsabilidad del futuro de los militares. «Si el Congreso me da esta libertad, para que los militares actúen, pondré a las tropas en la calle. Pero no visitaré a un sargento, un cabo o un coronel en la cárcel ”, dijo.

Quiere que los civiles se defiendan con armas

Incluso, no se limitó a defender el accionar de la fuerza pública, pues advirtió que los “ciudadanos destacados” también merecían protección si necesitaban usar la fuerza letal para proteger sus vidas o propiedades, en una declaración que levantó polvo.

«Si un hombre entra a tu casa y tienes un arma, genial; pero si dudas en dispararle, estás muerto. Tienes que dispararle. El tipo tiene que saber que si invade propiedad privada recibirá una respuesta. Así que este proyecto (de ley) nuestro también estará de lado de ellos», explicó.

El rotativo británico The Guardian reseñó que sus palabras, incendiarias incluso para los estándares de Bolsonaro, fueron aplaudidas por sus partidarios, pero provocaron indignación entre activistas sociales y la oposición a su Gobierno, quienes piensan pueden provocar «un baño de sangre» en Brasil.

«Estos son comentarios abominables», dijo Ariel de Castro Alves, un veterano activista de derechos humanos y abogado en São Paulo, entrevistado por The Guardian. Afirmó que el discurso truculento y deshumanizador de Bolsonaro ya había provocado un aumento de la violencia policial, en gran medida contra pobres, jóvenes y hombres de raza negra, y teme que la legislación presentada empeore las cosas.

«Hemos tenido 414 asesinatos cometidos por la policía militar en Sao Paulo en el primer semestre de 2019. Ese es el número más alto desde 2003. Está alentando la violencia policial y termina sirviendo como una especie de instigador de brutalidad», declaró Alves.

La violencia en Río de Janeiro

Por su parte, Robert Muggah, jefe de un grupo de expertos brasileños del Instituto Igarapé, agregó que la gestión del Presidente ha incrementado en número de asesinatos en Río de Janeiro, un total de 434 personas en los primeros tres meses de 2019. «Es el número más alto registrado en dos décadas».

Incluso, según otros informes oficiales, en los primeros seis meses del año la policía de Río mató a 881 personas, o una persona cada cinco horas. «Nuestra preocupación es que este tipo de retórica puede alentar a la policía a desplegar más fuerza excesiva y podría resultar, de hecho, en más violencia policial», agregó Muggah.

«Es claramente una preocupación en un país que ya registra la mayor cantidad absoluta de violencia letal y algunos de los niveles más altos de asesinatos policiales en el mundo», precisó

En 2018, la policía brasileña mató a casi 6.200 personas en comparación con las 5.225 de 2017, según revelan cifras oficiales.

Adiós a los decretos ejecutivos

Luego de la polémica y duras críticas a lo interno y en la comunidad internacional, a finales de junio el presidente Bolsonaro decidió dar marcha atrás a los decretos que permitían la tenencia y el porte de armas en la nación.

La revocación de una norma que flexibilizaba la portabilidad y la comercialización de armas se dio tras el rechazo de parte de la Justicia, el Parlamento, y al menos 14 gobernadores.

Aún así, los cambios de legislación introducidos en mayo pasado aún permiten que los propietarios de áreas rurales puedan adquirir armas de largo calibre y mantenerlas en sus casas, según admitió el propio Gobierno.

La gestión de Bolsonaro se ha visto plagada de protestas sociales, debido al rechazo a su reforma de pensiones, recortes a la educación, desempleo, agravamiento de la situación económica, incremento de la violencia armada, entrega de empresas fundamentales a capitales extranjeros, escándalos en el sistema de justicia, corrupción, sicariatos, narcotráfico y una serie de medidas impopulares.

La crítica situación social y económica en Brasil se ha sumado al descontento generalizado y el polémico escándalo que involucra al ministro de Justicia, Sergio Moro, el juez en la operación Lava Jato, y un grupo de fiscales que participaron en un complot judicial para enjuiciar y condenar de manera infundada y sin ningún tipo de pruebas a Lula da Silva, y así evitar que ganara las elecciones presidenciales de 2018.

Además, las fuerzas sociales de Brasil también exigen la repetición de las elecciones presidenciales, pues consideran que Bolsonaro ganó de manera fraudulenta, gracias al accionar ilegal de su ministro Moro, quien inhabilitó a Lula.