Proyecto de ley de migración podría agravar la exclusión de migrantes y sus hijos

Con más de doscientas firmas de organizaciones e instituciones tanto migrantes, por derechos de migrantes, de derechos humanos, expertos y expertas, se presentó hace pocos días carta a Senadoras y Senadores sobre proyecto de Ley de Migración y Extranjería, al que el Gobierno le ha puesto discusión inmediata, que termina de votarse hoy en la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja y que se votará en Sala entre esta y la próxima semana.

La principal demanda de los firmantes es «establecer condiciones que favorezcan la regularización migratoria, lo que es fundamental para que se respeten los Derechos Humanos de las personas migrantes y con ello, se avance en cohesión y bienestar social, se mejoren las condiciones laborales, tanto de personas chilenas y extranjeras y el respeto de derechos de hijos e hijas de migrantes», declara Colectivo Sin Fronteras, organización que trabaja por la interculturalidad y los Derechos de niñas, niños y familias en situación de migración.

Según las organizaciones, para que este proyecto de Ley de Migración y Extranjería cumpla con los estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos debería considerar algunas modificaciones, como la regularización migratoria sin discriminación (art. 68), cambio de categoría migratoria en el territorio nacional (art. 57), atención de derechos sociales a personas extranjeras, garantizando igualdad de acceso a políticas sociales (art. 16 y 18) y garantías de debido proceso en procedimientos de expulsión de adultos y de retorno asistido de niños, niñas y adolescentes no acompañados (arts. 129, 130, 131 y 140).

Además, debería considerar reunificación familiar que incluya a diferentes tipos de familia, incluidas las familias homoparentales (art. 19); regularidad migratoria de sujetos de especial protección, incluidos niñas, niños y adolescentes no acompañados, personas que requieran protección complementaria, víctimas de trata y tráfico y víctimas de violencia de género (arts. 40 y 69) y consagrar expresamente el principio de no devolución para solicitantes de asilo, refugiados y sujetos de protección complementaria y establecer procedimientos adecuados para hacer efectiva esta protección (arts. 10 y 129).son otras de las observaciones que hacen al proyecto de Ley.

También incorporar el Acuerdo de Residencia Mercosur como categoría de residencia (art. 69), considerar la detención migratoria por un plazo máximo de 24 horas como último recurso (art. 133 derecho al sufragio (art. 173) y garantizar el derecho a participación de la sociedad civil en la adopción de políticas migratorias y otras medidas que les afecten.

Para Patricia Loredo, representante de Colectivo Sin Fronteras, organización firmante de dicha carta, «de aprobarse este proyecto de Ley sin los mínimos que se están demandando, se estaría retrocediendo en la gestión de las migraciones, especialmente acrecentando la irregularidad migratoria, exponiendo a adultos migrantes al abuso y la explotación laboral, perjudicando con ello las condiciones laborales de los trabajadores en su conjunto y dejando fuera del sistema de políticas de protección social a miles de niños y niñas que pueden incluso tener nacionalidad chilena”, declaró la psicóloga peruana.