Bolivia a 7 meses del golpe a Evo: ¿Quién apoya la dictadura de Áñez?

El 10 de noviembre de 2019 se concretó un golpe de Estado contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el indígena aymara Evo Morales. La abrupta salida del líder revolucionario se concretó a partir de la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), que anunció fraude en las elecciones presidenciales en las que Morales había obtenido la victoria, toda una artimaña para sacarlo del poder a la fuerza.

La intervención de la OEA se produjo luego de que el propio Morales -confiado en la veracidad de los resultados que le daban la victoria y la continuidad en la Presidencia- invitara una comisión del organismo a realizar una investigación y verificar las denuncias sobre el presunto fraude que tanto promovía la extrema derecha boliviana y el candidato opositor Carlos Mesa, quién decidió no reconocer su derrota en los resultados, lo que generó violencia callejera que fue promovida por él y los sectores más radicales de la oposición, sobre todo el ala supremacista religiosa.

Una vez se instalan las protestas violentas en varias regiones de Bolivia, la extrema derecha aliada con las cúpulas de la policía y del ejército, recibió el apoyo de la OEA para fraguar el golpe de Estado contra un Jefe de Estado que se encontraba en plenas funciones constitucionales sin culminar su mandato y que además había alcanzado su reelección mediante los votos.

De esa manera sale Morales del Poder Ejecutivo, no sin antes ser amenazado de muerte por los sectores golpistas que también amenazaron a su familia, amigos, miembros de su Gobierno y compañeros del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Luego de que la OEA abriera la puerta del falso fraude en Bolivia, el cual meses después fue desmentido hasta por distintos medios de la mediática internacional aliada a la derecha, inmediatamente los factores militares involucrados en el golpe decidieron poner en la primera magistratura a una mujer civil, de esa manera se evitaban ser etiquetados como una dictadura militar que pasaron a denominar «gobierno de transición» con una presidencia interina.

La mujer en cuestión es una ultracatólica aporofóbica y para entonces diputada del senado boliviano: Jeanine Áñez, quien luego de una serie de trampas y movimientos políticos de supuestos abandonos de cargos, se autoproclamó presidenta de la Asamblea, tal y como lo hizo Juan Guaidó en Venezuela, y así la juramenta la cúpula militar como nueva «presidenta», un cargo que le ha costado soltar en medio de una compleja situación política manipulada al antojo por ella y el resto de los sectores golpistas.

Así, a más de siete meses del falso gobierno de transición y su presidencia interina que debió ser «temporaria», Áñez sigue en el poder con el apoyo de la cúpula militar y a cargo de un régimen totalitario, represor y dictatorial, que busca asegurarse su permanencia bajo el manto de una supuesta democracia que dice intentar devolver el orden constitucional, pero que lo único que ha hecho es socavar el auténtico desarrollo de una Nación que durante la última década logró ser ejemplo para el mundo, para de un sopetón volver a épocas de miseria, desigualdad, represión, pobreza y desamparo.

Áñez se mantiene aferrada a una dictadura que se viste de supuesta democracia y que incluso utiliza como plataforma de campaña mediática para promover sus aspiraciones presidenciales tras anunciar su candidatura al mismo cargo que ocupa de facto.

Bolivia sin elecciones

Al respecto, el periodista boliviano Julio Peñaloza Bretel escribió recientemente un artículo publicado por la agencia NODAL, titulado: ¿A siete meses del golpe, quién respalda al gobierno de Bolivia? Allí explica la situación que viven los bolivianos en medio de una de las dictaduras más brutales vividas en el continente americano en la época reciente, y qué pretende ser escondida por organismos que se jactan de ser «democráticos», pero que en sus acciones son promotores de regímenes autoritarios, inconstitucionales y carentes de democracia: la OEA, administrada por su secretario general, Luis Almagro, bajo la tutela y fiel obediencia al régimen de Estados Unidos.

«El gobierno de Jeanine Áñez ha perdido en las últimas cuatro semanas la disminuida simpatía que ya generaba desde que decidiera, a principios de año, convertirse en candidata para unas elecciones que debían realizarse el pasado 3 de mayo, y que finalmente, si la pandemia lo permite, se celebrarán el 6 de septiembre», comenta Peñaloza.

El periodista resalta que en Bolivia finalmente se logró una fecha electoral, «gracias a la presión combinada que ejercieron el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, los principales candidatos de la derecha que gestaron y concretaron el golpe –Carlos Mesa, Jorge “Tuto”Quiroga–, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el mismo Tribunal Supremo Electoral que logró flexibilizar la posición parlamentaria mayoritariamente masista, que había sancionado una ley para que el acontecimiento electoral se produjera el 2 de agosto».

«Todo esto, a pesar de la reticencia de la alianza que encabeza Áñez y el también golpista Luis Fernando Camacho, candidato de la fórmula Creemos, que se ha convertido en uno de los más virulentos detractores del gobierno de transición».

A casi tres meses de la irrupción del coronavirus en el continente, Bolivia es el único país de la región que enfrenta la crisis sanitaria con un gobierno que nadie eligió, y que al haber generado la doble condición de Áñez como presidenta transitoria-candidata, empezó a atravesar un camino plagado de decisiones equivocadas, corrupción y un fuerte acento en tareas represivas.

Este radicalismo de la dictadura, resalta Peñaloza, llegó «al extremo de que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, luego de un altercado con un ciudadano en el departamento del Beni, tuvo que disculparse ante el país después de afirmar que él no permitía que se irrespetara a un uniformado porque ‘podría hacerlo desaparecer en diez segundos’, afirmación que desató una ola de enardecidas críticas en las redes sociales con la utilización de ‘Los dinosaurios’, emblemática canción de Charly García que alude a las dictaduras militares de los 70 y 80 en América Latina».

«Entre los escandalos por compras estatales con presuntos sobreprecios (respiradores para combatir la pandemia y gases lacrimógenos para reprimir a los enemigos políticos), utilización de aviones oficiales para trasladar amigos a la fiesta cumpleañera de la hija de la Presidenta, la supresión de los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación a título de ahorro en el erario nacional, la creación de una fuerza especial para brindar seguridad exclusiva a la propia presidenta accidental, los pagos de bonos extraordinarios para mitigar la crisis generada por la cuarentena y las detenciones practicadas por las fiscalías departamentales a dirigentes afines al partido de Evo Morales; Jeanine Añez cuenta objetivamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, y en el plano internacional, de manera explícita, nada más que con la aprobación de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, país al que el avión presidencial se habría dirigido en 25 oportunidades, sin que se haya dado cuenta oficial, ni dejado registro del carácter de los vuelos realizados», comenta Peñaloza.

Endeble dictadura de Áñez

Explica Peñaloza que «a tal extremo llega la endeblez gubernamental» de Áñez que, «en términos de representación internacional figuran apenas tres embajadores: Oscar Serrate ante Naciones Unidas, Jaime Aparicio ante la OEA y el recién nombrado Wilfredo Rojo como ‘Ministro de Primera’ en la representación diplomática en Brasil».

El resto de los representantes son Encargados de Negocios o Ministros Consejeros. Además, la débil presencia internacional del país queda en mayor evidencia con las suspensión -de facto- de relaciones con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán.

«En este contexto, Erick Foronda, uno de los principales asesores presidenciales, ligado a la Embajada de EE. UU. en La Paz por más de dos décadas, y sindicado como agente de la CIA, ejercerá ahora el cargo de asesor de relaciones internacionales en materia de cooperación, mientras que el vicecanciller, Manuel Suárez Ávila, se convertirá en el asesor principal de la Presidenta, con incidencia en tareas de campaña a través de encuestas, materia de su especialidad como cientista político, y que tiene como antecedente los trabajos que realiza para Samuel Doria Medina, el empresario candidato a Vicepresidente que conforma binomio con Jeanine Añez por la Alianza Juntos», añade Peñaloza.

El periodista resalta que luego de un sostenido tira y afloje entre el gobierno de Áñez y los partidos y coaliciones con candidatos presidenciales, se ha oficializado la decisión de promulgar la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre, “sin asumir la responsabilidad de lo que pueda sucederle al país por las consecuencias derivadas por el coronavirus a la ciudadanía”, según se ha encargado de enfatizar el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que se ha adelantado a culpar a Evo Morales si las elecciones se llevan a cabo mezcladas con el incremento de los contagios por coronavirus en Bolivia.

«¿Quién respalda al gobierno de Jeanine Añez en la actualidad boliviana? De manera práctica y efectiva, solamente los militares y los policías, los militantes de su partido –Movimiento Social Demócrata–, la embajada de Estados Unidos que camina con pies de plomo y que llamativamente no se ha apurado en generar la reposición de embajadores para vigorizar la relación bilateral», destaca.

Por otra lado, subraya Peñaloza, «han pasado a la vereda opositora quienes la entronizaron y ya se manifiesta el descontento de distintos gremios y sectores laborales, incluidos los empresariales de alto vuelo que guardan un silencio expresivo y seguramente esperan, de una buena vez, que el país cuente con un Presidente surgido de las urnas, a fin de generar la indispensable normalización democrática en la que se deberán corregir desatinadas decisiones estructurales que competen a gobiernos electos y de ninguna manera a administraciones gubernamentales transitorias surgidas de pedidos de renuncia a mandatarios antecesores en clave de ultimátum y motines policiales».

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