Elecciones Bolivia: Congresista norteamericana denuncia que «Trump y la OEA tienen una alianza siniestra»

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido calificada en distintas ocasiones como una bisagra del régimen de Estados Unidos para aplicar su política injerencista y extraterritorial, así como para sostener su hegemonía en el continente.

Parte de su trabajo, es proporcionar «Misiones de Observación Electoral» para gobiernos que desean que -supuestamente- «expertos honestos e independientes» observen sus procesos comiciales. Pero, estas misiones suelen, en la gran mayoría de los casos, inclinarse ante la presión política.

Para el trabajo operacional de la OEA, el Congreso norteamericano proporciona alrededor del 60 % de los fondos del organismo, razón por la que no sólo se dice que es un brazo de Washington para o contra Latinoamérica, sino que también influye en la perspectiva estadounidense sobre lo que ellos llaman su «patio trasero».

Al ser de EE. UU. el mayor aporte económico de la OEA, no sólo puede sino que debe -o al menos hacer que así parezca- investigar el papel de esta organización en los países donde sus acciones provocan giros políticos, económicos y sociales, como el más reciente caso: Bolivia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Jan Schakowsky, señaló este fin de semana que el actual presidente Donald Trump y la OEA tienen una alianza que ‘parece coincidir con algo siniestro’.

En las declaraciones recogidas este sábado por el medio digital The Hill, Schakowsky indica que con base en lo ocurrido en Bolivia en 2019, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, aupado por la OEA, el Congreso está en la obligación de verificar qué fue lo que pasó en la nación de los andes suramericanos.

¿Dinero de los estadounidenses financia golpes en Latinoamérica?

Para Schakowsky, es fundamental saber si el dinero de los contribuyentes estadounidenses apoyó o no derrocamientos de gobiernos electos democráticamente, conflictos civiles e, incluso, violaciones de derechos humanos.

Por tal razón, en la misma publicación de The Hill, cuya sede está en Washington, Schakowsky pidió al congreso investigar la manipulación de datos de la OEA en las últimas elecciones en Bolivia, que terminaron en un golpe de Estado contra Morales, quien a todas luces obtuvo la reelección presidencial por la vía del voto.

Además, de acuerdo con la legisladora, Trump muestra poca afinidad por las instituciones multilaterales, como la Organización para las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial para la Salud (OMS) -de la cual anunció el retiro de Estados Unidos-, los acuerdos globales sobre el clima; y hasta la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«Pero hay una organización con la que su administración se ha alineado fuertemente: la OEA. Quizás como era de esperar, esta alianza parece coincidir con algo siniestro», subrayó la congresista.

En ese sentido, recordó que la OEA, cuando proporciona misiones de observación electoral, en ocasiones termina cediendo ante la presión política y pierde su objetividad, lo que coloca a los pueblos de algunos países a estar subyugados al dictamen del organismo, tenga o no tenga la razón.

«Esto ocurrió en las elecciones de 2000 y 2011 en Haití, y más recientemente, la OEA jugó un papel destructivo en Bolivia, luego de las elecciones del 20 de octubre» de 2019, aseveró.

OEA ayudó a dirigir una falsa narrativa

«En el país suramericano, desde el día después de la votación, la OEA ayudó a dirigir una falsa narrativa de que el presidente en ejercicio, Evo Morales, y su partido, ‘manipularon’ o ‘robaron’ las elecciones, lo cual contribuyó a la polarización política, la violencia, un golpe militar y la incertidumbre actual sobre el futuro de la democracia», comentó Schakowsky.

La congresista aludió a una publicación de The New York Times sobre un nuevo estudio académico que concluyó que las denuncias iniciales de fraude de la OEA ‘se basaron en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas’.

«El nuevo estudio académico coincide con la gran mayoría de los expertos que han analizado los datos, incluidos 133 economistas y estadísticos que enviaron una carta a la OEA y no han recibido respuesta», enfatizó.

A pesar del triunfo de Morales sin necesidad de una segunda vuelta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro manifestó públicamente que creía que se trataba de una elección fraudulenta.

«Almagro, en su propia apuesta por la reelección como secretario general, parecía estar cortejando a los gobiernos de derecha de la región, incluida la administración Trump. Y, de hecho, recibió un nuevo mandato de cinco años en marzo» pasado, recalcó Schakowsky.

Investigar las acciones de la OEA

En su opinión, añade, que «el Congreso debe investigar las acciones de la OEA en Bolivia porque después de haber expuesto una mentira tan masiva, ¿cómo es posible que los miembros del Congreso continúen tomando las afirmaciones de la OEA al pie de la letra?«.

De hecho, el golpe militar derrocó al primer presidente indígena de Bolivia, el país con el mayor porcentaje e indígenas del hemisferio y que tenía la mejor economía del continente, incluso por encima de Estados Unidos.

Desde el golpe, las fuerzas de seguridad del Estado boliviano, que actualmente están bajo el mando de una dictadura cívico militar y operan con la promesa de impunidad del régimen de facto, han perpetrado al menos dos masacres, en las que resultaron asesinadas 18 personas, muchas de ellas indígenas.

«No es sorprendente que la administración Trump haya celebrado el regreso a un gobierno no democrático donde los pueblos indígenas son marginados y excluidos. Pero el Congreso de los Estados Unidos no debería tolerar esto», denunció Schakowsky.

La situación en Bolivia, bajo la dictadura de Jeanine Áñez -quien además comenzó el domingo su campaña electoral a la presidencia– es tan grave, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, ha denunciado un aumento de ataques y amenazas contra periodistas y la criminalización y persecución de líderes sociales y exfuncionarios del gobierno de Morales.

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