Víctima, que tenía 17 años al momento de los hechos, resultó policontusa, "con heridas contuso abrasivas en muslos y rodillas, heridas contuso cortantes en mentón y fractura mandibular doble, lesiones de carácter grave", apuntó el fallo.

"No podemos relativizar una agresión estatal de tal magnitud, porque la realidad es que el agresor va a estar solo 12 años en la cárcel, pero yo voy a tener que vivir toda la vida con secuelas físicas y psicológicas, sin gusto, sin olfato y sin mis ojos", declaró la legisladora, en referencia a la entrevista realizada por el "canal público" a su victimario.

Hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando las víctimas fueron detenidas por transitar en horario de toque de queda sin salvoconducto.

Los abogados del uniformado argumentan que no han tenido tiempo para estudiar la carpeta investigativa del caso.

Ambos uniformados fueron condenados a 5 años de presidio por apremios ilegítimos y 541 días de presidio por detención ilegal. La oficina regional de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante en esta causa.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de Tarqui, provincia de Azuay, al sur del país sudamericano

Las comunidades exigieron un "pronunciamiento" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales

Una de las víctimas sufrió un neumotórax asociado a fracturas costales múltiples, mientras que la otra resultó con fractura en novena costilla izquierda, disyunción acromioclavicular del hombro izquierdo tipo 1 y policontusión.

Genivaldo de Jesús Santos, de 32 años, falleció tras ser colocado por los agentes en un coche policial, mientras le obligaban a inhalar gas

El hecho ocurrió en 2018, cuando los carabineros concurrieron por un llamado a un predio agrícola del sector Linao. Uno de los uniformados recibió sentencia por el delito de homicidio frustrado, mientras que el otro, por lesiones menos graves. El INDH actuó como querellante.