La abogada Karina Riquelme, quien ejerce la representación de los hijos de la desaparecida Julia Chuñil, fue imputada ante el Ministerio Público, acusada de haber violado el secreto de sumario. Esta acción se enmarca en la permanente campaña que ha realizado la Fiscalía de Los Ríos para desviar la investigación, desestimar las sospechas que recaen sobre el empresario Juan Carlos Morstadt y apuntar contra la familia de la víctima.

Reconocer a quienes defienden el medio ambiente no es solo un acto simbólico: es parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia entornos más seguros para quienes defienden derechos fundamentales, y hacia una democracia ambiental que pueda sostenerse en el tiempo.

El documento es un conjunto de recomendaciones para que las futuras autoridades integren el enfoque de derechos humanos en la actividad empresarial y en el diseño de políticas públicas y normativas orientadas a prevenir sus posibles impactos negativos sobre las personas y comunidades.

En términos sociales, la brutalidad es aquello que la civilidad no puede nombrar por carecer de aparato crítico al efecto. Una suerte de brecha cognitiva, dada por saturación de dominación en la esfera pública. Saturación paradojalmente deviene de la ausencia conceptual desde los medios y desde el Estado. La brutalidad en la esfera social es dominación mediante el silencio.

With 70 votes in favor, 35 against, and 14 abstentions, the Chamber gave general approval to a bill that recognizes and protects environmental defenders, aligning Chile with the Escazú Agreement. The initiative advances as the country marks one year since the disappearance of Mapuche environmentalist Julia Chuñil.

Con 70 votos a favor, 35 en contra y 14 abstenciones, la Cámara aprobó en general el proyecto que reconoce y protege a quienes defienden el medioambiente, en línea con el Acuerdo de Escazú. La iniciativa avanza cuando se cumple un año de la desaparición de la ecologista mapuche Julia Chuñil.

Comunidades mapuche-williche denuncian un operativo desproporcionado de la PDI en el rewe de la machi Millaray Huichalaf, en El Roble-Carimallin, acusando vulneraciones a derechos humanos y un patrón de hostigamiento en medio de la defensa del río Pilmaiken.

La defensa de los derechos humanos y la protección ambiental no pueden hipotecarse por intereses mezquinos. La democracia se construye con diálogo, justicia y participación activa de todas y todos.

El estudio señala que el Estado mexicano figura como el principal agresor, seguido por empresas y el crimen organizado, afectando especialmente a comunidades indígenas y rurales. Activistas denuncian criminalización y falta de protección efectiva, a pesar de las promesas de las autoridades y la existencia del Acuerdo de Escazú. Organizaciones de la sociedad civil urgen a un cambio profundo en las políticas de desarrollo para garantizar la seguridad de quienes luchan por el medio ambiente.

Las distintas organizaciones feministas y de movimientos sociales que asistieron a la marcha exigieron se respeten los derechos de las mujeres trabajadoras, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, una educación integral, no sexista y de calidad y los derechos de las mujeres cuidadoras.