The administration of José Antonio Kast has disbanded a critical unit established to remedy illegal adoptions, marking a significant regression in human rights efforts in Chile.

Die Regierung unter José Antonio Kast hat die Einheit zur Suche nach Betroffenen illegaler Adoptionen aufgelöst, was als Rückschritt bei den Menschenrechten angesehen wird. Die Entscheidung stellt einen drastischen Kurswechsel in der öffentlichen Politik dar, die auf die Wiedergutmachung einer schmerzlichen Geschichte abzielte.

En un golpe a la memoria y la verdad, el Gobierno de Kast elimina la unidad especializada en adopciones forzadas, desvincula a sus profesionales y relega una deuda histórica a meros "trámites" internos, pese a que la ley aún exige investigaciones y acompañamiento psicosocial

Un test de ADN permitió el reencuentro de gemelas con su madre chilena de Hualpén, María Soto Toro, tras 46 años de separación ilegal en dictadura. El caso visibiliza miles de adopciones irregulares. Las hijas permanecerán en la zona hasta fines de septiembre para conocer a su familia y su país de origen.

La investigación desarrollada por la justicia determinó que durante la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza que entregó en adopción a niñas y niños cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de sumas de hasta 50 mil dólares.

La monja holandesa-chilena Truus Kuijpers dirigió el hogar de niños Las Palmas en Santiago hasta el año 2000 y se le relacionó por las adopciones ilegales de más de 20.000 bebés chilenos, entre las décadas de 1970 y 1980.

Entre 1971 y 1992 se registraron al menos 2.100 adopciones desde Chile de las cuales 1.700 corresponden a la vía abierta por Pinochet con la ultraderecha sueca

En la Corte de Apelaciones de Santiago el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso cinco querellas criminales en contra de quienes resulten responsables por la desaparición forzosa de niños/as en el periodo 1973 – 1990

La Brigada de Inteligencia de la PDI recibió esta semana un informe en donde se detallan casos de 525 menores adoptados por matrimonios extranjeros entre 1950 y 2001, según señala un reportaje publicado este domingo por el diario La Tercera

Este jueves, en Puerto Montt, la directora nacional del Sename, Solange Huerta, presentó una querella contra quienes resulten responsables por los casos de tráfico y adopciones irregulares de niños haitianos, que desde el mes de enero están siendo investigados por la Fiscalía