Actualmente, Chile cuenta con una Ley de Extranjería que se remonta a 1975, el Decreto Ley 1094, cuyo objetivo central es preservar la seguridad nacional, regulando exclusivamente condiciones de entrada, permanencia y salida de Chile. Cuarenta años más tarde y con 465 mil extranjeros que han convertido al país en testigo de un flujo de inmigración nunca antes visto, este Decreto Ley sigue vigente, ocasionando graves vulneraciones al acceso a derechos y a la vida cotidiana de las personas migrantes.

Miembros de MODATIMA han sido amedrentados por denunciar en Chile y el exterior el robo del recurso natural en Petorca. Ante ese escenario, Amnistía exige a las autoridades protección para los dirigentes y que se lleve ante la Justicia a los responsables de las agresiones.

El organismo detectó que en Chile se emplea un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, un retraso en los derechos reproductivos de las mujeres y un camino pendiente en relación a la igualdad de género.

“Durante gran parte del año (2016), los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía siguieron siendo competencia de los tribunales militares”. Sin embargo, el párrafo agrega que “una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar”, señala el documento.

Cada día que pasa en Chile sin la aprobación del proyecto de ley que reconozca y de protección al derecho a la identidad de género, es una oportunidad más para la vejación y la discriminación

Helmut Frenz nació el 4 de febrero de 1933, en Allenstein, Alemania

La ONG revela que al menos ocho personas murieron en operaciones policiales realizadas en la ciudad, así como "una represión feroz de las manifestaciones pacíficas".

Desconocidos habrían dejado un papelógrafo con insultos hacia la labor de Amnistía Internacional y la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, acompañando el mensaje de basura esparcida frente a la sede de la entidad.

Solicitaron a la Corte que tome un rol más activo en torno a los temas referidos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres latinoamericanas.

La directora ejecutiva de la organización explicó insistió que el mecanismo tiene que ser participativo para evitar el riesgo de deslegitmización.