"Tanto el Ministerio como la Conadi, han sido invitados al Congreso a entregar su visión, pero no ha ocurrido lo mismo con los consejeros indígenas, que hemos sido obviados y excluidos de toda discusión", afirma Rafael Tuki Tepano, Consejero Rapa Nui electo por voto popular ante Conadi.

Una de las exclusiones más graves de la Constitución de la Dictadura fue la de los pueblos indígenas, a pesar de que 2.158.792 de personas, equivalentes al 12,8% de la población total, se autoidentifican como indígenas.

Alcaldes de diferentes comunas concuerdan en que los gobiernos locales han tenido un rol importante en el proceso, por lo que deberán seguir fomentando la participación de la ciudadanía.

"¿Qué más necesitan los partidos políticos para leer correctamente la situación actual?, y asumir que tienen que hacer lo correcto: acordar una sola lista..."

"Jugando con las palabras, diríamos que tenemos UNA quinta minoría frente a CUATRO quintas mayorías. Grosso modo: 20% y 80%, según las cifras del plebiscito..."

"Son las organizaciones sociales de los territorios que habitan este país, quienes han defendido continuamente a los más afectados por las erradas políticas económicas y sociales", afirmaron en un comunicado.

Actualmente, la población estimada de ciudadanos residentes en el extranjero es de alrededor de 1.037.346, según los datos de la Dirección para las Comunidades Chilenas en el Exterior.

Es evidente que la Ley 21.200, al disponer que la Convención Constitucional tenga que aprobar “todos” sus capítulos con un quórum de dos tercios de los convencionales, infringe flagrantemente la actual Constitución, puesto que la norma general para las reformas constitucionales requiere solo de los tres quintos “de diputados y senadores en ejercicio”, y solo en forma excepcional, para una parte muy pequeña del articulado de la Constitución exige un quórum de dos tercios.

Iniciativa busca concientizar respecto a los derechos alimentarios en Chile y la urgencia de que sean considerados en el proceso constituyente.

Plantearon su rechazo a la instrumentalización de las organizaciones sociales por parte de los distintos partidos políticos