The CRUBC of Aysén has rejected the ECMPO requests from Indigenous communities for the second time, defying a Supreme Court ruling that mandated a review of the process. The communities proposed reductions in area to reconcile usage rights. Experts highlight that press coverage has misinformed about the true impact of these legal frameworks.

La CRUBC de Aysén rechazó por segunda vez los ECMPO de comunidades indígenas, desacatando un fallo de la Corte Suprema que ordenaba revisar el proceso. Las comunidades habían propuesto reducir las áreas para compatibilizar usos. Expertos denuncian que medios empresariales de prensa han desinformado sobre el impacto real de estas figuras legales.

Despite the Antünen Rain and Pu Wapi communities proposing reduced land areas and seeking dialogue opportunities, the Regional Coastal Use Commission has denied their requests for Marine Coastal Spaces for Indigenous Peoples, in a process that has already been delayed for seven years.

A pesar de que las comunidades Antünen Rain y Pu Wapi propusieron reducir la superficie de sus peticiones y buscaron instancias de diálogo, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero se negó a dar curso a los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, en un proceso que ya acumula siete años de dilación.

La recuperación de nuestras fuerzas y la construcción de una respuesta a la crisis desde el punto de vista de la clase trabajadora —en oposición tanto al fascismo envalentonado como a un progresismo en bancarrota— exigirán un trabajo programático serio, que deberá desarrollarse en el seno de la acción colectiva de los movimientos populares, y no únicamente en los centros de pensamiento progresistas o en las bancadas parlamentarias de oposición.

According to the complaint from the State Defense Council (CDE), Calisto is accused of diverting parliamentary allocations for unauthorized purposes, resulting in damages exceeding $100 million.

De acuerdo con la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se acusa a Calisto de un desvío de asignaciones parlamentarias para fines no autorizados, lo que habría generado un perjuicio superior a los $100 millones.

A significant setback for salmon lobbying in Aysén: the Third Chamber of the Supreme Court invalidated the CRUBC's rejection of two ECMPO requests and ordered the reversal of the proceedings due to 'arbitrary and illegal' actions, reaffirming the Lafkenche Law and ILO Convention 169.

Revés al lobby salmonero en Aysén: la Tercera Sala de la Corte Suprema invalidó el rechazo de la CRUBC a dos ECMPO y ordenó retrotraer los procedimientos por ser “arbitrarios e ilegales”, reposicionando la Ley Lafkenche y el Convenio 169 de la OIT.

The Supreme Court has supported Sernapesca and upheld the fine against Blumar. This is not an isolated event: the south is not a sacrifice zone, and the State must enhance ecosystem protection.