La institución aplicó más de 15 mil pruebas en 2024, con una tasa de positividad del 0,33%. Un boletín interno revela insólitos intentos de adulteración, incluyendo el caso de un funcionario que ingirió un líquido sospechoso tras ser descubierto.

A ocho años del montaje, el juicio contra exfuncionarios de Carabineros comenzó con los imputados en libertad y conectados de forma remota.

Un alto oficial de Carabineros fue sorprendido robando carne en un supermercado de San Fernando. El funcionario, quien anteriormente fue comisario en la Prefectura de Colchagua y hoy trabaja en la Región Metropolitana, quedó en libertad a la espera de citación, mientras la institución evalúa posibles medidas disciplinarias.

La institución inició una investigación interna luego de que se difundieran imágenes, donde un motorista rocía con spray a un perro callejero que le ladraba en un semáforo. Se evaluarán los antecedentes para determinar eventuales sanciones.

La polémica comenzó luego de que el diputado Johannes Kaiser afirmara que, de llegar a la Presidencia, indultaría a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional Chile, su director ejecutivo, Rodrigo Bustos Bottai, le respondió con un recordatorio tajante sobre las restricciones legales e internacionales que impiden tal acción, "dejaron ciegas a personas que se manifestaban", declaró el abogado.

Dos jóvenes fueron detenidos por error luego de que un funcionario de Carabineros resultara baleado mientras frustraba una encerrona. Durante su permanencia en la comisaría recibieron una golpiza y sus fotos terminaron circulando en redes sociales, señalándolos como responsables del delito.

Un sujeto intentó sobornar a un carabinero tras ser sorprendido conduciendo sin licencia y con la documentación del vehículo vencida.

8 años después del montaje de Carabineros que buscó incriminar a comuneros mapuche con pruebas falsas, comienza el juicio contra 11 exuniformados. La Comunidad Autónoma de Temucuicui denuncia impunidad, apunta a la complicidad de Bachelet y Boric, y exige que la banda de la UIOE pague tras las rejas.

Funcionarios de menor rango aseguran que deben recibir encomiendas, barrer patios y abrir puertas para altos mandos, afectando la dotación operativa en las calles. “Entramos para ser carabineros, no conserjes”, reclama un funcionario.

Los funcionarios habrían exigido dinero a conductores bajo amenazas de detención. La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó su ingreso a prisión preventiva tras determinar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.