La medida aplicará para todos los detenidos extranjeros que no cuenten con un documento nacional para acreditar su identidad.

Algunos personeros han señalado que la ley podría tener un efecto contraproducente en términos de seguridad, ya que puede generar un clima de polarización y violencia en el país. Algunos han argumentado que esto podría llevar a un aumento de la violencia y la delincuencia, ya que la ley podría generar un sentimiento de impunidad y venganza entre aquellos que se sienten perjudicados por las fuerzas de seguridad.

Más temprano, funcionarios de la policía indentificaron a dos de los sospechosos del crimen del cabo Daniel Palma.

Apruebo Dignidad descartó recurrir al TC debido a la decisión del Ejecutivo de acelerar su promulgación, lo cual acotó los márgenes para ir al tribunal.

Uniformado fue baleado en la cabeza por un grupo de individuos a quienes realizaba una fiscalización de tránsito en Santiago, en las afueras del Teatro Caupolicán.

Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso presentado por el INDH y declaró la nulidad del juicio donde se absolvió al uniformado, instruyendo la realización de un nuevo proceso.

Exministro del Interior de Piñera fue citado por la persecutora que investiga las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por efectivos de Carabineros durante el estallido social de 2019, y la responsabilidad del alto mando de la institución en aquello.

Durante estos días, el proyecto de Ley “Naín-Retamal” ha sido tema de debate, debido a “las graves consecuencias para los derechos humanos” que provocaría su promulgación, como han manifestado diversas organizaciones de DDHH.

General Javier Iturriaga fue nombrado Jefe de la Defensa Nacional durante la revuelta, teniendo así el control los servicios de las Fuerzas Armadas y Carabineros mientras duró el Estado de Emergencia decretado por el gobierno de Piñera. 

Gendarmería proyecta que la población penal en el país alcanzará los 50.000 reos durante el 2024. Sin embargo, la capacidad actual del sistema ronda los 42.000. Christian Alveal, exdirector de la institución, aseguró que la solución al problema de seguridad no pasa por aumentar las condenas, sino por modificar los regímenes carcelarios y diferenciar a los criminales violentos.