Tres de los detenidos se encuentran en prisión preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad, mientras que los restantes tres -que se encontraban prófugos tras escapar de la prisión en 2021- fueron reingresados para cumplir sus penas.
En abril del 2016, la víctima caminaba por calle Las Campánulas a la altura de Los Retamos, cuando los Carabineros -que vestían como civiles-, procedieron a realizarle un control de identidad
Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, presentó sus puntos de vista acerca de los proyectos de ley que actualmente se discuten en el Congreso.
"Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana y los organismos especializados en Derechos Humanos de Naciones Unidas se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre los peligros asociados a estas legislaciones rotuladas bajo la idea de gatillo fácil", recordó el abogado Claudio Nash.
Los expertos advierten sobre el peligroso oportunismo político que rodea a la aprobación de las leyes Naín-Retamal sin abordar de fondo el problema de la seguridad
Vestidos de civil, lo detuvieron, lo golpearon en el brazo con un objeto contundente y lo metieron a la fuerza al vehículo en que andaban. Todo, en el marco de un "control de identidad".
Mandatario se refirió a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien afirmó en una entrevista que las violaciones de Derechos Humanos registradas en la revuelta de 2019 ocurrieron porque los carabineros "no tenían cómo defenderse".
Como en muchos otros casos similares, lo informado no era cierto. Los servicios de inteligencia del gobierno de Pinochet, y también las policías, manipulaban los asesinatos políticos tratando de ocultarlos como hechos delictuales. Los organismos defensores de los derechos humanos y toda la oposición los denominó “falsos enfrentamientos”.
"Creo que Carabineros y las policías, en general, deben tener un equilibrio entre el desarrollo de sus funciones, el cumplimiento del protocolo, el resguardo a los Derechos Humanos y la persecución del crimen organizado”, planteó la diputada.
Dos querellas presentadas en 2021 apuntan a establecer una responsabilidad superior o de "mando" tras los múltiples casos registrados entre octubre de 2019 y marzo de 2021.
