Es evidente que la Ley 21.200, al disponer que la Convención Constitucional tenga que aprobar “todos” sus capítulos con un quórum de dos tercios de los convencionales, infringe flagrantemente la actual Constitución, puesto que la norma general para las reformas constitucionales requiere solo de los tres quintos “de diputados y senadores en ejercicio”, y solo en forma excepcional, para una parte muy pequeña del articulado de la Constitución exige un quórum de dos tercios.
