La aprehensión ocurrió en la misma comuna señalada, tal como lo informó el delegado presidencial en la zona, José Montalva

En un primer momento, el Juzgado de Garantía había dictaminado la prisión preventiva de solo 1 de los 9 detenidos, el empresario Waldo Núñez, señalado como "líder" del grupo.

"Nos ofrecerán un texto constitucional surgido del “espíritu de unidad nacional”, elaborado de espaldas a los sectores populares y que se convierta en garante de los intereses de las clases dominantes por las próximas cinco décadas."

La medida fue tomada con el objetivo de evitar que el siniestro crezca en extensión y severidad. Las autoridades ya han alertado que ha sido afectado bosque nativo por dos incendios que se mantienen activos en la Región de la Araucanía.

En octubre del 2020, diez militares en toque de queda, habrían atentado contra la dignidad, la integridad física y la libertad de 5 jóvenes, razón por la que el juzgado de Collipulli había decretado prisión preventiva, sin embargo, la corte de Temuco revocó la decisión y otorgó arresto domiciliario, además calificó los hechos como “ilícitos de menor gravedad”

El 13 de octubre de 2020 la patrulla detuvo a cinco jóvenes, a quienes golpearon y maniataron con amarras plásticas, para posteriormente, llevarlos hasta un predio forestal, donde les rociaron un líquido que simulaba ser acelerante.

Uniformados propinaron golpes a los jóvenes, los pisotearon e insultaron por ser del pueblo mapuche, amenazándolos con matarlos si se movían. Además, rompieron los vidrios y neumáticos de los vehículos en que se movilizaban y les hicieron un simulacro de fusilamiento.

Imputados propinaron golpes a los jóvenes, los pisotearon e insultaron por ser del pueblo mapuche, amenazándolos con matarlos si se movían. Además, rompieron los vidrios y neumáticos de los vehículos en que se movilizaban.

«A un inmigrante no le hace mucha gracia cuando se le ríen en una democracia, no cobra nada por un puto trabajo, después lo deportan» Skalariak 1

Tribunal resolvió decretar la prisión preventiva de los imputados, por considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad, atendiendo principalmente a la pena de crimen del delito de torturas, que va desde los 5 años y 1 día, a los 10 años de pena.