"Se dicen patriotas y defensores de las FFAA, pero los financia una persona condenada por estar implicado en el asesinato de un Comandante en Jefe del ejército chileno a pedido de una potencia extranjera", afirmó la parlamentaria.

Ministerio Público ha pedido 15 años de cárcel para el ex general y 10 años para su cónyuge. Asimismo, ha solicitado el comiso de una parcela del matrimonio ubicada en Las Brisas de Chicureo, y tres departamentos en calle Cerro Colorado y otro en Avenida Kennedy, en Las Condes.

General Javier Iturriaga fue nombrado Jefe de la Defensa Nacional durante la revuelta, teniendo así el control los servicios de las Fuerzas Armadas y Carabineros mientras duró el Estado de Emergencia decretado por el gobierno de Piñera. 

En un informe dirigido a la Corte Marcial, la jueza planteó la hipótesis de que los altos mandos procesados se concertaron entre ellos para la comisión del delito de malversación, organizando así un sistema para seguir recibiendo gastos reservados una vez que pasaran a retiro.

Junto con dictaminar las medidas cautelares para Cheyre, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, amplió los cargos contra los ex comandantes en jefe Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, quienes están imputados por el delito de malversación de caudales públicos entre 2006 y 2018, arista "gastos reservados".

De acuerdo a la investigación de la ministra Romy Rutherford, el uniformado habría traspasado bienes provenientes de dineros ilícitos a sus hijas, lo cual constituye un delito de lavado de activos.

Los hechos se remontan al plebiscito de 2020, cuando apareció en la franja electoral de la opción Rechazo una publicidad de la organización denominada “Multigremial de FFAA, Carabineros y PDI”, en la que se usaron los símbolos de dichas instituciones.

De esta manera, el general Martínez se convierte en la cuarta máxima autoridad del Ejército que está procesada por el millonario fraude en la institución, junto a Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018).

Juan De la Maza, actual jefe de la Armada, ya ha sido cuestionado previamente por su labor en el estallido social a cargo de las fuerzas de orden y seguridad de Valparaíso, que -recordemos- es la tercera región del país con mayor cantidad de investigaciones abiertas por violaciones a los DDHH.

Desde Augusto Pinochet en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta, todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por los tribunales de justicia por causas relacionadas con torturas, homicidios, blanqueamiento de dinero o fraudes.