La decisión del organismo se fundamenta en la denuncia de Lily Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI, quien afirmó que emitió tres boletas por servicios no prestados en 2014, por un total de $4,2 millones. En otro caso, en 2010, la parlamentaria debió devolver $30 millones al Estado también por fraude al fisco.