Desde el Gobierno señalan que no hay claridad sobre quiénes deben integrar el nuevo Comité de Ministros para repetir la votación sobre el controvertido proyecto de Andes Iron SpA, por lo que están a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría.

Como Contralora subrogante, Dorotyhy Pérez rechazó a mediados de septiembre la solicitud presentada por la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de impugnar el proceso de remoción en su contra.

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió una serie de falencias en la Municipalidad de Cochrane, región de Aysén, entre otras, por un trato directo por un total de $4,823,168 a una empresa, en circunstancias que el dueño de dicha firma mantiene un vínculo familiar directo con el alcalde de la comuna, ya que es su tío.

Contraloría reveló grandes falencias en el trabajo de la Unidad de Control del GORE del Bío Bío, la cual está a cargo de un candidato a CORE por el Pacto Republicanos.

La administración de Cuevas (2008-2020) es investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por presunta malversación de caudales públicos, desfalco y fraude de subvenciones.

La Contraloría determinó que el municipio pagó de forma improcedente $7,5 millones a la empresa “Consultora AYR SpA”, por servicios que corresponden a labores propias, habituales y genéricas de la municipalidad, los cuales debían ser ejecutados por personal de la Unidad de Asesoría Jurídica.

Es fundamental examinar a fondo las razones detrás de la lentitud y el exceso de trámites en la entrega de ayudas, dirigiendo nuestra atención no solo hacia las instituciones y autoridades encargadas de gestionar las emergencias, sino también hacia los procesos políticos que perpetúan esta dinámica.

Funcionarios que prestaban servicios al interior de la gobernación habrían recibido sus sueldos de parte de la Fundación Educación Financiera (Fundef), financiada por el propio GORE con un fondo de 380 millones de pesos.

El entre contralor instó a la alcaldesa Daniela Peñaloza a elegir un nuevo mecanismo de control de asistencia para evitar irregularidades en el registro de horas extras.

El gobierno confirmó a principios de enero que seis ministros han asistido a reuniones organizadas por el exalcalde y actual lobbista Pablo Zalaquett (UDI).