El organismo fiscalizador del Estado dio la razón al gobierno en su cuestionada determinación.

Servicio del Adulto Mayor se vio obligado a realizar un sumario administrativo para aclarar las fallas en los procedimientos de rendición de cuentas.

El geógrafo Jaime Rojas, elegido por el gobierno para reemplazar al cuestionado coronel Tulio Arce, cumplía dos funciones en el mismo horario.

El oficial habló por primera vez sobre la incautación de computadores a ex militares condenados en Punta Peuco y el difuso destino de sus discos duros. También respecto a la salida de dos subdirectores, la presunta ligación de su padre con la DINA y el lento avance de algunas investigaciones internas por irregularidades dentro de la institución.

El beneficio no podrá superar el millón 600. Sin embargo, la decisión no es retroactiva.

Fuentes de El Ciudadano apuntan a un lobby intenso del director Tulio Arce y la ministra Javiera Blanco para revertir las observaciones lapidarias al criterio de fijación de pensiones que reciben ex oficiales penitenciarios y que bordean, en algunos casos, los 6 millones de pesos mensuales. A esta situación, que revienta en medio de una jornada de movilización nacional, se suma la abrupta petición de renuncia a dos subdirectores que no cuentan con la simpatía de la máxima cabeza del servicio.

Contratos a honorarios cubrían labores ya desempeñadas por funcionarios municipales en sus respectivos cargos de planta. No se exigía que los trabajos paralelos se realizaran fuera del horario laboral, ni había control de que los mismos se cumplieran.

La resolución del ente fiscalizador bloquea el "Supermercado Popular", programa social que beneficia a casi 4000 adultos mayores de la comuna de Tocopilla. Desde el municipio de la segunda región ya iniciaron las acciones para defender el proyecto  que “tiene por objeto dar acceso a productos básicos de alimentación a un precio justo a los adultos mayores de la comuna”.

Patricia Arriagada tomó un protagonismo ascendente en la Contraloría General de la República, pasando por su enérgica posición frente al cuestionado manejo de los fondos reservados del "Milicogate", hasta el verdadero tapón de boca realizado a la Superintendencia de Pensiones en la Comisión Investigadora del caso “Lucrum”, a mediados de marzo de este año.

Se trata del oficial Félix Flores Santis, quien pese a estar sometido a una investigación interna por su eventual responsabilidad en el millonario perjuicio fiscal que sucedió al interior del Departamento de Cuarteles de Carabineros, del cual era jefe, logró ser ascendido a general y enviado a la Región del Maule, con el apoyo del director Bruno Villalobos Krumm.