Entre otras situaciones anómalas que pidió explicar en octubre de 2016, la Contraloría descubrió una posible filtración de datos internos del servicio a cuatro empresas fiscalizadas y una falta de coordinación con la Superintendencia del Medioambiente en la revisión de planes de cierre de faenas mineras.

Un proceso penal complica al director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la misma región, Pedro Durán, por el amoblado irregular de una vivienda fiscal para uso particular. El caso involucra montos inferiores a los invertidos por la policía civil en aparatos electrónicos y domésticos que - sin existir reglamento para ello - fueron "prestados" al jefe regional de Investigaciones, Alfredo Espinoza, como reveló un informe de la Contraloría que aún no llega formalmente a manos del Ministerio Público.

Las conclusiones representan un duro golpe para la administración de la jefa de la Unidad de Auditoría Interna, Gemma Paillao, quien fuera "blindada" por el nuevo director de la institución, Jaime Rojas Flores, ante solicitudes de información por Ley de Transparencia que El Ciudadano realizó en 2016 para conocer las sanciones e investigaciones internas que la involucran.

Tres camas, dos televisores, una aspiradora y un refrigerador son algunas de las compras que la institución realizó con fondos públicos y "prestó", sin reglamento para ello, al prefecto de Investigaciones del sur austral, según constata un documento al que El Ciudadano tuvo acceso exclusivo.

El Presidente del Senado valoró el trabajo realizado por estas instituciones que busca poner en marcha nuevas normas establecidas por ley que deben estar implementadas para fines de marzo

Amparándose en la ley de protección de datos personales, Gemma Paillao solicitó no revelar las sanciones e investigaciones internas que la involucran. El Ciudadano accedió a documentos de la denuncia que presentó un psicólogo que fue despedido de la institución tras advertir supuestas irregularidades en el concurso que nominó a la funcionaria para el cargo.

Más de la mitad de los contratos fiscalizados del sector Servicios de Salud presentaron observaciones por parte de la Contraloría General de la República.

El vocero de gobierno señaló que “el día viernes el Ministerio de Justicia envió un oficio al Contralor General de la República solicitándole que pueda llevar a cabo un informe de auditoría especial respecto de los procesos que en el Registro Civil pudiesen haber estado con alguna dificultad respecto de este procedimiento".

Según fuentes internas, el máximo jefe policial de la región, Gerardo Concha, optó por sacar de su vivienda a funcionarios destinados para labores domésticas, ordenándoles callar si eran consultados sobre los trabajos que realizaban.

Formalmente, la edil Sandra Valenzuela (UDI) no consideró en el listado de invitados de su última cuenta pública a integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), mecanismo institucional de participación creado para ejercer un control directo de su gestión.