Propuesta busca que la nueva Constitución defina al Estado como garante de la justicia ambiental y vele por un ambiente saludable y seguro para las personas, además de fortalecer la institucionalidad ambiental con un rol relevante para la democracia participativa y de los actores locales.

La iniciativa se enfoca en hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión o a propósito de ellas. No contempla a miembros de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y se hace cargo de la persecución laboral de los amnistiados. Además contempla una serie de delitos borrados del proyecto de amnistía que lleva el Senado, y que amplían su alcance. Hoy en distinta urbes de Chile se han convocado firmatones para difundir y captar apoyos para llegar a la CC.

La iniciativa plantea que se garantice “justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”.

Propuesta busca asegurar además que los pueblos indígenas tengan derecho a la autonomía y al autogobierno, además de reconocerse sus territorios, patrimonio, lengua, cultura, instituciones y jurisdicciones.

“Los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado, titulares del derecho de libre determinación, así como de los demás derechos colectivos reconocidos y garantizados en el marco de esta Constitución y en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”

La decisión generó de inmediato variadas reacciones, tanto entre las y los integrantes de la CC, como de la ciudadanía, donde algunos se refirieron a la inminente eliminación del Senado que significaría la aprobación de la norma.

"El sistema político debe convertirse en un espacio de movilización de la sociedad en torno a proyectos de desarrollo y mejoramiento de la vida en común. Para esto, debe adoptar formas que faciliten y permitan la participación efectiva", afirmó la delegada constitucional del Distrito 7.

"Es intolerable que en una democracia los jueces “inamovibles” de una corte suprema, que los ciudadanos no han nombrado, puedan ser los que detengan el poder de interpretar o influir, en el presente y en el futuro, en el sentido de las normas constitucionales..."

"La consagración del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado busca una relación más equilibrada y armónica entre las diferentes formas de vida que habitan en el planeta, reconociendo a la sociedad, a las y los seres humanos como parte integrante e indivisible de la Naturaleza, no como estructuras separadas", expresó el convencional Francisco Caamaño.

Es un consenso en las y los integrantes de la Convención Constitucional reducir las actuales facultades presidenciales, pero este es un debate que hasta el momento ha sido reconducido a las discusiones de la Comisión sobre Sistemas Políticos, en la cual se está discutiendo las facultades del Presidente/a de la República y del Congreso.