“Básicamente, lo que dicen es que no fue necesaria la aplicación de una restricción a la libertad tan prolongada, que ya pasó suficiente tiempo y que él cumplió con sus cargas procesales”, indicó Julián Parada, abogado defensor de Luis Hermosilla, al explicar los motivos del tribunal para modificar la medida cautelar

The Court of Appeals mandates the reintegration of an 8-year-old student for 2026, determining that the Jesuit institution violated constitutional guarantees by not applying the reasonable adjustments required by the TEA Law. The ruling establishes a key precedent regarding educational inclusion and neurodiversity.

La Corte de Apelaciones ordena reincorporación del estudiante de 8 años para 2026, tras determinar que el establecimiento, perteneciente a la Compañía de Jesús, vulneró garantías constitucionales al no aplicar ajustes razonables exigidos por la Ley TEA. La sentencia establece un precedente clave en materia de inclusión educativa y neurodiversidad.

The Prosecutor's Office defended the severity of the evidence, while the defense insisted that there was no real impact on judicial rulings.

La Fiscalía defendió la gravedad de los antecedentes, mientras la defensa insistió en que no hubo impacto real en las resoluciones judiciales.

In November, the Court of Appeals in Temuco accepted a protective measure for two minors, establishing a serious violation of their rights and ordering the sanitary company to clean and decontaminate their home within a month. The deadline expired, and the family, poisoned and displaced, continues to await justice while denouncing state and corporate abandonment.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió en noviembre un recurso de protección a favor de dos menores, estableciendo una vulneración grave de sus derechos y ordenando a la empresa sanitaria limpiar y descontaminar su vivienda en el plazo de un mes. El plazo venció y la familia, intoxicada y desplazada, sigue a la espera de justicia mientras denuncia el abandono estatal y corporativo.

Lawyer Mauricio Daza argued, "It is evident that ministers who have acknowledged requesting favors from Manuel Guerra to benefit their nominations for judicial positions are not in an objective position of impartiality to resolve the chapter complaint against that ex-prosecutor, who is accused of corruption."

"Resulta evidente que ministros que han reconocido haberle pedido favores a Manuel Guerra para beneficiar su postulación a cargos judiciales, no están en una posición objetiva de imparcialidad para resolver la querella de capítulos en contra de ese ex fiscal en la que se le imputan actos de corrupción", planteó el abogado querellante Mauricio Daza.

According to the ruling, the victim was 23 years old, a student, and a community leader in Las Condes, affiliated with the Christian Left. He was detained and tortured by Carabineros in 1985 and 1988 during Augusto Pinochet's dictatorship, subjected to kicks, punches, and buttstock blows.