Mucho tememos que al gobierno de Gabriel Boric se le está pasando su cuarto de hora y que a esta altura de su administración le vaya a ser poco menos que imposible cumplir con su programa.

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Los trabajadore de la OTJ solicitaron a la Corte Suprema, a 50 años del golpe cívico-militar, que "pida perdón institucional a todas las víctimas del terrorismo de Estado, de las desapariciones, torturas y ejecuciones no investigadas oportunamente , de los Habeas Corpus rechazados, como parte de medidas de reparación integral de su indebida actuación".

La decisión de los ministros de esta sala especial para abordar este caso estuvo dividida y su decisión se basó en un tecnicismo (+ video)

Desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabineros disfrutaron de autonomía operativa (garantizada por su Ley Orgánica Constitucional, pero que estaba en contradicción con la propia Constitución) y de impunidad por sus nuevas violaciones de derechos humanos.

Esta semana es de gran relevancia para causas de DD.HH. en materia judicial, ya que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema tiene en tabla la revisión de procesos emblemáticos tales como Operación Cóndor (lunes 17), Víctor Jara (martes 18), detención de la dirección clandestina del PS (jueves 20) y caso Moneda (viernes 21).

Suprema revocó las resoluciones que habían rechazado el amparo y estableció que el traslado de los presos mapuche fue arbitrario

Los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sobre las Isapres han estado en el vórtice de la agenda política y económica reciente. El centro político y la derecha buscan rescatar a las aseguradoras de su debacle. El Gobierno ha sostenido una línea de respetar las sentencias, pero ha mostrado atisbos de poder negociar una salida.

Tras el fallo de la Corte Suprema del 12 de mayo, que resolvió rechazar un recurso de reposición del Servicio de Impuestos Internos, para evitar la devolución de $6.000 millones a la sociedad Inversiones Protisa Spa -perteneciente al poderoso Grupo Matte-, el Servicio afirma que dicha Corte cambió su criterio respecto al plazo para la presentación de recursos, provocando que su recurso de casación fuese considerado “fuera del plazo”.

“Hay que recordar que el Estado de Chile acaba de ser condenado por este tipo de persecuciones, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no se debe perseguir penalmente a personas que realicen críticas o denuncias contra funcionarios públicos, como ocurrió en el caso Barahona Bray”, indicó Cristián Riego, abogado de Interferencia.