Si queremos mejorar la institucionalidad habría que llevar a cabo una reingeniería en las díscolas municipalidades, las que curiosamente se autodesignan como «ilustres», y, el gobierno central, entre otras medidas, debiera impulsar un más alto gravamen del que existe para los terrenos urbanos sin edificación y que las plusvalías producidas con los cambios en las reglas del juego, se destinen, por lo menos parcialmente, para obras que beneficien a las comunidades.

Es valorable que nuestros tribunales puedan aplicar el derecho de forma acertada e imparcial, aun en casos mediáticos y complejos, de forma independiente de los vaivenes de la opinión pública. Eso es lo esperable en un Estado de Derecho.

En general los funcionarios públicos no son «parásitos», asegurando este columnista que la mayoría de ellos se comportan correctamente, dejándose en claro que sí en las municipalidades, básicamente por ignorancia, existe una tendencia a que se vulneren las distintas disposiciones legales.

Ubicada en la Provincia de Copiapó, el área costera alrededor de Punta Cachos ha sido escenario, desde 2010, de una disputa entre proyectos industriales y agrupaciones socioambientales. En 2008, se presentó el proyecto 'Termoeléctrica Castillla', y, en 2019, Andes LNG y Copiaport-E. El primero fue rechazado por la Corte Suprema en 2012 y el segundo por el Comité de Ministros en 2022. El tercero ha sido aprobado -el pasado 11 de septiembre- por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, lo que ha generado nuevas movilizaciones.

Se estaría dando una perversa señal al mercado del suelo, pues de esta manera, en el futuro, para la obtención de dinero fácil, serán recurrentes las tomas y/o usurpaciones, acordadas amistosamente con los propietarios de predios.

Los tribunales de justicia han establecido que cuando apliquen la medida de no renovar la matrícula para el año siguiente, se aseguren primero de que no están incurriendo en una discriminación socioeconómica, que está prohibida por ley.

Según recientes reportajes de algunos medios, el edificio del hotel ahora se denomina Punta Mar, conforme a una conciliación entre la municipalidad, el privado y la aludida organización ciudadana.

Una vez más, la administración de turno del Estado chileno, con sesgo racista, ve en las comunidades indígenas a campesinos pobres, obreros agrícolas, folclor y masa corrompible y colonizable, cuando se trata de un pueblo distinto al chileno, con su propia cultura, organización, modo de producir y vivir, cosmovisión, vínculo especial y específico con la naturaleza.

A fines de 1918 se llegó a un gigantesco fortalecimiento del movimiento obrero con la constitución de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), presidida por el dirigente de la FOCH, Carlos Alberto Martínez (quien años más tarde sería uno de los fundadores y senador del Partido Socialista) y cuyo vicepresidente fue el dirigente anarquista Moisés Montoya.

Debemos tener presente que los vecinos opositores al proyecto, muy bien asesorados, le exigieron oportunamente a la DOM de Zapallar que, tanto los CIP como el permiso de anteproyecto eran contrarios a derecho, pero dicha funcionaria municipal, pasándose de lista, solo inició la invalidación de los primeros, a pesar de que su obligación era invalidar el anteproyecto, y, si no lo hizo, se debe investigar a fondo esta negligencia.