The environmental sector and Patagonian communities alert that the elected government of Kast threatens progress such as the Escazú Agreement and the SBAP. They demand the enforcement of the law and the removal of 29 salmon concessions from National Parks, where such activities are prohibited. They also criticize his stance against the Lafkenche Law, warning of regressions in environmental and indigenous rights.

El sector ambiental y comunidades patagónicas alertan que el gobierno electo de Kast amenaza avances como Escazú y el SBAP. Le exigen aplicar la ley y retirar 29 concesiones salmoneras de Parques Nacionales, donde están prohibidas. También critican su postura contra la Ley Lafkenche, advirtiendo retrocesos en derechos ambientales e indígenas.

La industria salmonera, tras generar colapso sanitario y ambiental en varias zonas de Los Lagos y Aysén, continúa presionando por expandirse en la Patagonia austral amenazando áreas protegidas y especies únicas. Comunidades indígenas y científicos denuncian lobby intenso y falta de fiscalización. Por su parte, en Argentina, intentan modificar la pionera Ley 1355 que prohíbe la actividad en Tierra del Fuego, ejemplo mundial de protección binacional.

Chile se incorporó formalmente luego de años de espera, sumándose así a los 18 Estados Parte de la OEA que han depositado este instrumento de ratificación

Derecho al medio ambiente sano, el derecho humano al agua, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud…

Señaló “Un hecho histórico para el medio ambiente y quienes lo defiende”

Grupo de académicos de la U. de Chile elaboró un documento de libre descarga titulado "Nueva Constitución del siglo XXI: Un desafío para el derecho ambiental".

El acuerdo incluye tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños.

En 2015, un 65% de los asesinatos de defensores de los derechos humanos que trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente tuvieron lugar en Latinoamérica.