Distintas agrupaciones afectadas por la iniciativa del Serviu y la Municipalidad se reunieron con el propósito de expresar la situación crítica que viven ad-portas de la expropiación en plena pandemia.
Directora ejecutiva del organismo, Ana Piquer, advirtió que "llevamos varios años viviendo una situación de continuo deterioro en aspectos de Derechos Humanos en Chile".
Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones registradas desde finales de 2019.
"Desde las organizaciones civiles y la academia lo que decimos es que se hagan análisis individuales y si hay que expulsar, que se haga. Pero que no sean colectivas", señaló la abogada Francisca Vargas
Dentro de las demandas de la campaña está una acusación constitucional al Ministro Raúl Figueroa por vulneración del "derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad" a través de su política del "retorno seguro".
El Ministerio Público insiste en que los resultados del informe del Servicio Médico Legal fueron precipitados, por lo que se tomarán nuevas muestras al cuerpo del pequeño Tomás Bravo.
Agregó que el Senado debe adoptar el proyecto de ley de reforma judicial de George Floyd aprobado por la Cámara de Representantes para que él pueda firmarlo inmediatamente.
A través de un ejercicio colaborativo desplegado con distintas organizaciones de la sociedad civil de defensa socio-medioambiental, se buscó dar visibilidad a las denuncias de afectación y vulneración de derechos.
El organismo internacional dice que se viola “el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido”.
