"El problema es que la gente no tiene a dónde ir. La desesperación es enorme", denunció el presidente de la Junta de Vecinos del campamento Yevide, Dunhee Auguste, quien destacó que lo único que piden a las autoridades "es una oportunidad para seguir adelante".

Corte ordenó el desalojo de más de mil familias instaladas en terrenos ociosos del grupo Angelini. Campamentos se declaran en movilización permanente.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), criticó la postura gubernamental, señalando que se debería expropiar el terreno en lugar de exigir pagos a los pobladores.

"Son más de 10 mil personas las que habitan en el Cerro Centinela, de esos el 33 por ciento son niños, niñas y adolescentes (…) solo un 13 por ciento es población extranjera", señaló la autoridad regional.

La iglesia estaba en conocimiento del ingreso de un guarda templo y su familia al predio reclamado, e incluso les autorizó construir una casa a cambio de servicios de seguridad y cuidado del lugar consagrado al culto.

"¿Se aplicaron correctamente los protocolos? ¿Qué opinión tiene la Defensoría de la Niñez y el INDH del procedimiento? ¿Se respetó el fallo, incluyendo una solución transitoria que permitiera albergue a las personas desalojadas?", cuestionó el parlamentario.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el doloroso testimonio de una de las vecinas que denunció que su casa fue destruida y no le permitieron sacar sus pertenencias.

"Durante la pandemia la propietaria gestionó todo este caso de uso de suelos para sobre valorizar el terreno que antes tenía una tasación de $600 millones y ahora está valuado en más $7.000 millones que lo vendió al MOP para instalar un parque industrial", indicó uno de los pobladores de la toma 17 de Mayo.

“Llegaron con bombas lacrimógenas, no nos dejaron sacar ni siquiera la ropa de mi guagua. No se podía respirar, estábamos ahogándonos. Ni siquiera nos avisaron”, relató un hombre que habitaba junto a su familia en la toma.

Desalojo bajo la nueva Ley de Usurpaciones en el sector Villa Futuro de la comuna de Chiguayante, que involucró la demolición de un bloque y la detención de cuatro personas, dos migrantes y según se informó, se iniciará el procedimiento de expulsión del país