Memoria, ética y responsabilidad frente a la información.

En América Latina, la desaparición forzada se instaló como política sistemática a partir de los años sesenta en Guatemala y luego se expandió a Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. La práctica fue perfeccionada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el influjo geopolítico norteamericano.

En Puerto Montt, este 02 de septiembre, se realizará el conversatorio sobre desaparición forzada en la Füta Willi Mapu (territorio mapuche del sur). Analizarán casos de José Huenante (2005) y Julia Chuñil (2024), emblemáticos por la impunidad estatal y la lucha de sus familias por verdad y justicia. Evento busca visibilizar y exigir respuestas.

Solicitaron al INDH que en las próximas gestiones se considere el cumplimiento íntegro de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en las que se llama a “redoblar esfuerzos" para dar con el paradero de la dirigenta mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024.

La CIDH observó con preocupación que tras haber trascurrido más de siete meses desde la desaparición de la mujer mapuche y destacada defensora ambiental, no se ha podido dar con su paradero, ni se cuenta con información que permita esclarecer los hechos.

"Este 16 de julio conmemoramos, con el corazón ardiente, los 73 años de Julia Chuñil Catricura, nuestra valiente guardiana de la naturaleza, madre amorosa y faro de resistencia. A sus hijos, nietos y familia, les envolvemos en un abrazo inmenso, lleno de esperanza y fuerza en estos 8 meses de su injusta desaparición forzada", indicaron desde la Coordinadora por Julia Chuñil.

Aunque confirmó el rechazo al recurso de amparo, la Corte Suprema instó al Ministerio Público y a las policías a respetar los derechos humanos en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.

Pese a haber sido exonerado por la desaparición de los normalistas, Abarca acumula condenas por homicidio y secuestro, lo que prolonga su permanencia en prisión.

En Chiapas, estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá, respaldados por la FECSM, protestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia por la muerte de su compañero,responsabilizando al gobierno, estatal y denunciando la represión hacia las normales rurales.

Esta omisión judicial se suma a la orden de prisión preventiva dictada en su contra por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y desaparición forzada, además de supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que se alega recibía pagos mensuales.