Iniciativa de la diputada Carolina Marzán (PPD) busca evitar que deudores de pensión alimenticia postulen a cargos públicos y de representación popular.
Diputada Carolina Marzán (PPD) presentará un proyecto de ley para prohibir que las personas que mantengan deudas por pensión alimenticia puedan postular a cargos de elección popular.
En medio de la polémica generada por la asignación del "Bono de Clase Media", el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, Giorgio Boccardo, pone en tensión las ideas principales detrás del imaginario respecto a que nuestro país está compuesto mayoritariamente por personas de "clase media".
Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respaldó la iniciativa, pues -recordó- el 84% de las pensiones de alimentos no se pagan, lo que perjudica a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
De un total de 386 mil solicitudes de retención se decretaron 307 mil cautelares de fondo y 245 mil liquidaciones. En ese mismo proceso, además se han dictado 135 mil órdenes de pago a las AFP.
Al 13 de noviembre último, del total de quienes solicitaron retirar fondos, el 96% o 9.721.596 personas ya cuenta con los pagos realizados, informaron desde la SP.
Según los registros entregados por las propias AFP, hasta el 23 de octubre se habían cancelado 22.471 deudas, de un total de 99.556 órdenes de pago emanadas por los Juzgados de Familia del país.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el segundo informe de la Comisión de Familia, recaído en mociones refundidas, que modifican diversos cuerpos legales en materia de cobranza y sanciones frente al incumplimiento de las pensiones de alimentos
Esta semana, el movimiento Deuda Educativa y la Asamblea de Deudores lanzaron la campaña «fin al Dicom por estudiar», iniciativa que busca reunir firmas para que el sistema comercial de morosos no publique a las personas que tienen compromisos pendientes por servicios educativos de cualquier índole
Desde la organización Deuda Educativa afirmaron que el ex mandatario "se escapa de su responsabilidad con el CAE, del mismo modo en que Pinochet no reconocía sus violaciones a los Derechos Humanos, y Manuel Contreras a sus torturados". "El único responsable de este crédito es él y su gobierno", agregaron.
